Una operación conjunta entre el Ejército Nacional de Colombia y la Policía Nacional de Colombia permitió ubicar y desmantelar un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en zona rural de Cúcuta, Norte de Santander.
El complejo ilegal, conformado por cuatro estructuras en la vereda Potro Viejo, corregimiento Buena Esperanza, tendría capacidad para producir cerca de una tonelada mensual del alcaloide, según información de inteligencia militar. Las autoridades estimaron que el impacto económico para la estructura armada supera los 4,8 millones de dólares.
Durante la intervención fueron incautados 503 kilos de clorhidrato de cocaína sólida y más de un centenar de galones de la sustancia en suspensión. Además, se hallaron 1.752 galones de insumos químicos líquidos —entre ellos acetona y ácido clorhídrico— y 800 kilos de insumos sólidos como soda cáustica y carbón activado. En el lugar también fueron destruidos sistemas de destilación, prensas hidráulicas y otros equipos especializados empleados en el procesamiento del estupefaciente.
De acuerdo con el reporte oficial, la infraestructura pertenecería al frente urbano Reinaldo Ardila Gómez del ELN, organización que utilizaba estas instalaciones para abastecer rutas hacia la región Caribe y hacia Venezuela.
Las autoridades señalaron que la operación no solo afectó la producción de droga, sino también el componente logístico y financiero de la estructura armada, debilitando su capacidad operativa en la frontera.
Nuevo operativo en Cumaribo
En una acción paralela, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en coordinación con el Ejército y la Policía, destruyó un laboratorio artesanal para el procesamiento de pasta base de coca en la inspección de Puerto Oriente, en Cumaribo, Vichada.
Según el informe oficial, el centro ilegal estaría vinculado a la Subestructura 39 Arcesio Niño de un grupo armado organizado residual. En el procedimiento fueron incautados más de 120 kilos de hoja de coca, combustibles, fertilizantes, tanques y otros elementos utilizados para la producción del alcaloide.
Las autoridades indicaron que cada laboratorio eliminado representa pérdidas cercanas a 200 millones de pesos mensuales para las organizaciones criminales. Con estas acciones, la Fuerza Pública busca frenar el flujo de recursos provenientes del narcotráfico y evitar la reactivación de estructuras dedicadas a esta economía ilegal en zonas estratégicas del país.
