El presidente Gustavo Petro encabezó el segundo consejo de ministros televisado, en el que se presentaron los tres ejes de su plan de intervención para el Catatumbo. Este espacio fue transmitido un mes después del accidentado primer consejo televisado, que desató la mayor crisis interna de su gobierno. En esta ocasión, el mandatario y su gabinete discutieron la implementación de los decretos de conmoción interior en la región, con el objetivo principal de erradicar 25.000 hectáreas de hoja de coca. Además, el plan incluye la construcción de vías para la comercialización de productos lícitos y el fortalecimiento del proceso de paz a través del ‘Pacto social del Catatumbo’.
El presidente Petro anunció que el gobierno trabajará para erradicar 25.000 de las 55.000 hectáreas de hoja de coca en el Catatumbo. A diferencia de estrategias anteriores, esta erradicación no se hará mediante fumigación, sino a través de un programa de pagos por erradicación voluntaria. Gloria Miranda, directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), explicó que se pagará 1.280.000 pesos mensuales durante un año a los campesinos que eliminen sus cultivos de coca desde la raíz.
Para financiar este programa, el Ministerio de Hacienda destinó 362.000 millones de pesos, de los cuales 152.000 millones irán directamente a los pagos por erradicación y 178.000 millones se usarán para establecer proyectos productivos alternativos. Adicionalmente, el gobierno buscará recaudar 2,76 billones de pesos mediante tres nuevos impuestos: uno sobre juegos de azar en línea, otro sobre la extracción de petróleo y carbón, y un impuesto de timbre a transacciones superiores a 20.000 UVT.
El segundo eje del plan de intervención se centra en mejorar la infraestructura vial para facilitar la comercialización de productos lícitos. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció una inversión de 200.000 millones de pesos en la pavimentación de la vía La Mata-Convención. Además, se destinarán 40.000 millones adicionales para mejorar el tramo entre Convención y El Tarra, junto con 63.200 millones para los ‘Caminos comunitarios de la paz total’.
Otra iniciativa clave es la habilitación del aeropuerto de Tibú, con el fin de mejorar la conectividad de la región y facilitar el comercio de productos agrícolas.
El presidente Petro reafirmó su compromiso con la paz en el Catatumbo y aseguró que se abrirán espacios de diálogo para que personas armadas que deseen dejar las armas puedan integrarse al ‘Pacto social del Catatumbo’. Este acuerdo, según el mandatario, fue construido con las comunidades locales y busca consolidar la paz en la región.
En materia de educación, el gobierno anunció una inversión de 20.800 millones de pesos para instalar estructuras modulares que amplíen la oferta universitaria en zonas rurales. Además, se solicitará un presupuesto adicional de 93.000 millones para fortalecer el Programa de Alimentación Escolar (PAE). El presidente propuso que el Sena tenga un rol fundamental en la región, permitiendo un tránsito directo a la universidad y eliminando barreras administrativas para acceder a la educación superior.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la construcción de una subsede en Tibú y la reutilización de un campamento de Ecopetrol para crear aulas universitarias.
En comparación con el consejo de ministros del 4 de febrero, esta segunda reunión presentó cambios en varias carteras. Se anunció la llegada de Armando Benedetti (Interior), Pedro Sánchez (Defensa), Edwin Palma (Minas), Lena Estrada (Ambiente), Yannai Kadamani (Culturas), Patricia Duque (Deporte), Carlos Rosero (Igualdad) y Angie Lizeth Rodríguez (Dapre). Este nuevo equipo ministerial será el encargado de implementar los compromisos del gobierno en el Catatumbo y en el resto del país.
El segundo consejo de ministros televisado reflejó una estrategia más estructurada del gobierno Petro para enfrentar la crisis en el Catatumbo. Con una combinación de erradicación voluntaria de cultivos, inversiones en infraestructura y educación, y la promoción del proceso de paz, el gobierno busca estabilizar la región y fortalecer la economía local. No obstante, la ejecución de estos compromisos dependerá de la disponibilidad de recursos y del respaldo político para implementar las reformas necesarias.
