En un giro inesperado para la política local, el Tribunal Administrativo de Boyacá falló en primera instancia en contra de Mikhail Krasnov y anuló su elección como alcalde de Tunja. La decisión se fundamenta en una demanda interpuesta por inhabilidades relacionadas con su nacionalidad y un contrato que el mandatario firmó mientras se desempeñaba como docente.
Krasnov, de origen ruso y ucraniano, fue elegido en las pasadas elecciones regionales, en un hecho que marcó un hito en la historia política de la capital boyacense. Con una trayectoria académica destacada, que incluye cuatro maestrías y el dominio de seis idiomas, este docente, residente en Colombia tras un intercambio en Alemania, se preparaba para liderar la ciudad hasta el 2027.
Sin embargo, su elección fue impugnada por el Grupo de Asesorías y Representación Jurídico S.A.S., que argumentó que Krasnov, al tener doble nacionalidad, no cumplía con los requisitos para ser elegido alcalde. Este argumento fue rechazado por los magistrados, quienes determinaron que la nacionalidad no constituía una inhabilidad para ocupar el cargo.
No obstante, el Tribunal sí encontró fundamento en el segundo argumento de la demanda: un contrato suscrito por Krasnov con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia el 6 de diciembre de 2022. El contrato, orientado a la capacitación de estudiantes en redacción de artículos científicos en inglés y alemán, se firmó dentro del período de inhabilidad establecido por la ley, que comenzaba el 29 de octubre de 2022, un año antes de los comicios del 29 de octubre de 2023.
Como resultado, el Tribunal declaró la nulidad de la elección y ordenó la cancelación de la credencial E-27, que oficializa a Krasnov como alcalde. Pese a la decisión, el mandatario continuará en funciones hasta que el Consejo de Estado emita una decisión definitiva sobre el caso.
Este fallo ha generado un intenso debate en la opinión pública y en los sectores políticos de Boyacá. Mientras algunos defienden la legalidad de la decisión, otros consideran que se trata de una medida desproporcionada que podría afectar la estabilidad gubernamental de la ciudad.
Por ahora, la incertidumbre se apodera de Tunja, a la espera del pronunciamiento final del Consejo de Estado que definirá el futuro político de la capital boyacense.
