Este martes, la plenaria del Senado de Colombia inició el debate sobre la convocatoria a una consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro, para abordar una reforma laboral que fue rechazada en marzo pasado por la Comisión Séptima del Senado.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, abrió la sesión destacando la importancia de la propuesta: “Queremos un trabajo digno y decente”, y apeló a los senadores a no oponerse “a ese clamor que hay por todas partes por unos derechos laborales que le han sido quitados a la clase obrera”.
La reforma laboral, que Petro presentó como parte de las 12 preguntas para la consulta popular, incluye temas como la reducción de la jornada laboral de ocho horas, licencias por salud —incluyendo los dolores menstruales—, salarios dignos para el campo y el fin de la tercerización. Estas propuestas se enmarcan en la iniciativa laboral que fue archivada en marzo, pero el Gobierno ha continuado buscando los votos para convocar la consulta.
Para que la consulta sea aprobada, la propuesta requiere la mayoría simple (53 votos) de los 105 senadores, es decir, más de la mitad. Sin embargo, la oposición ha comenzado a movilizarse en contra. El partido Centro Democrático, a través de un comunicado, expresó su rechazo, afirmando que la consulta es “una amenaza para el empleo, la competitividad y el tejido empresarial del país”. Según ellos, la consulta ignora el problema real de la informalidad laboral y considera que “tendría un impacto devastador en el empleo formal”.
En contraste, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, manifestó que la “responsabilidad histórica” del Senado es no darle la espalda al pueblo. Arias demandó un concepto favorable para que la consulta continúe avanzando.
Si el Senado aprueba la convocatoria, la consulta popular deberá ser aprobada por al menos un tercio de los votantes habilitados, es decir, 13.654.456 personas. En caso contrario, el resultado no será vinculante. De ser aprobada, el presidente Petro tendría un plazo de ocho días para expedir el decreto de convocatoria, y la votación deberá realizarse en un plazo no mayor a tres meses.
En el contexto de un año electoral, con elecciones legislativas programadas para marzo de 2026 y presidenciales para mayo del mismo año, la consulta podría ser un punto de conflicto político, especialmente si se lleva a cabo en julio de este año, brindando una oportunidad para medir fuerzas entre el Gobierno y la oposición.
