La Defensoría del Pueblo encendió una fuerte alerta institucional tras la reciente divulgación de información sobre presuntos vínculos entre miembros del denominado Estado Mayor de los Bloques “Jorge Suárez Briceño”, Magdalena Medio “Comandante Gentil Duarte” y Frente “Comandante Raúl Reyes” (EMBF), integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado.
En un pronunciamiento público, el organismo aseguró que estos señalamientos generan “profunda preocupación” e invitó a hacer una reflexión de fondo sobre las bases y la finalidad del proceso de paz que se adelanta con esta estructura armada.
¿Qué está denunciando la Defensoría?
De acuerdo con el comunicado citado por medios nacionales, la Defensoría del Pueblo, en cabeza de la defensora Iris Marín, reaccionó a las revelaciones periodísticas que apuntan a una presunta alianza entre el EMBF —disidencia de las Farc al mando de alias Calarcá— y altos mandos de la Fuerza Pública y de organismos de inteligencia.
El organismo recordó que el Presidente de la República tiene la facultad y la obligación de garantizar el orden público, y que los procesos de paz negociada son un mecanismo complementario, nunca un atajo que pueda justificar privilegios ilegales:
Pidió revisar con rigor la legitimidad de los mecanismos que se están utilizando en la negociación con el EMBF.
Reclamó controles más estrictos al uso de herramientas como la suspensión de órdenes de captura, para evitar que se conviertan en mecanismos de movilidad y protección irregular para integrantes de grupos armados.
La Defensoría también advirtió sobre contradicciones entre lo pactado en la mesa de diálogos y la realidad en los territorios: mientras el EMBF se comprometió a suspender el reclutamiento de menores, concentrarse en una zona temporal y avanzar hacia la paz, en campo se reporta expansión territorial, aumento de hombres armados y mayor control sobre comunidades, según la entidad.
El origen del escándalo: correos, chats y oficiales señalados
La reacción de la Defensoría se produce después de una investigación revelada por Noticias Caracol y ampliada por medios internacionales, que habla de decenas de correos y chats que vincularían al EMBF con un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Según esas publicaciones, los oficiales señalados habrían facilitado información reservada y apoyo logístico para garantizar el movimiento del grupo armado en zonas como el Catatumbo, sur de Bolívar y el norte de Antioquia, así como explorado la creación de una empresa de seguridad privada donde confluirían intereses de las disidencias y funcionarios del Estado. Tanto los militares como los funcionarios mencionados han negado las acusaciones, y el presidente Gustavo Petro ha calificado algunos informes de inteligencia como “falsos”.
Ante este panorama, la Defensoría:
Solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría adelantar investigaciones penales y disciplinarias “con celeridad, independencia e imparcialidad”.
Propuso que, mientras se esclarecen los hechos, se evalúe el retiro temporal del cargo de aquellos funcionarios que pudieran estar comprometidos, para proteger la integridad de las investigaciones.
¿Quién es el EMBF y qué se negocia con el Gobierno?
El Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) es una de las principales disidencias de las antiguas Farc, liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, con presencia en zonas como el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño y varios departamentos del centro y sur del país. En estas regiones, informes oficiales lo señalan como actor del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Pese a su prontuario, el Gobierno de Gustavo Petro mantiene una mesa de diálogos de paz con esta estructura. En octubre de 2024 se firmó un protocolo de participación ciudadana para el proceso con el EMBF, y este año se han realizado varios ciclos de negociación.
En el séptimo ciclo de diálogos, que concluyó el 21 de noviembre en Campo Hermoso, San Vicente del Caguán (Caquetá), Gobierno y EMBF acordaron:
Un desescalamiento del conflicto, con compromiso de no reclutar menores de 18 años.
Medidas sobre tierra y transformación territorial, incluidas Zonas de Reserva Campesina.
Compromisos para frenar la deforestación y avanzar en sustitución de cultivos de coca.
Garantías para el ejercicio democrático de cara a las elecciones de 2026.
La paradoja es que las revelaciones sobre presuntos nexos entre el EMBF y funcionarios del Estado se conocen apenas días después de esos avances, lo que golpea la credibilidad del proceso y alimenta las críticas contra la política de “paz total”.
Un proceso de paz bajo presión
El Gobierno ya había enfrentado turbulencias en sus diálogos con disidencias: en abril de 2025, por ejemplo, se suspendió el cese al fuego con otra facción, el Estado Mayor Central (EMC) de alias “Iván Mordisco”, aunque se mantuvo la negociación con el grupo de Calarcá.
Ahora, con el nuevo escándalo, la Defensoría del Pueblo marca una línea clara:
Exige hechos verificables de paz en los territorios.
Pide la liberación inmediata e incondicional de todos los niños, niñas y adolescentes reclutados por el EMBF, como señal mínima de voluntad real de cambio.
El mensaje de fondo del organismo es que la paz negociada no puede confundirse con impunidad ni captura del Estado: si se confirman los presuntos vínculos, estaría en juego no solo la sinceridad del grupo armado, sino también la integridad de las instituciones encargadas de conducir el proceso.
Por ahora, el país entra en una fase de máxima tensión y escrutinio sobre la mesa con el EMBF: mientras la Defensoría pide garantías, veeduría y sanciones ejemplares si se prueban las irregularidades, el Gobierno insiste en sostener el diálogo en medio de la tormenta política y judicial.
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