El juez federal Alvin K. Hellerstein ordenó este lunes que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanezcan detenidos en una prisión de Nueva York y fijó la fecha de la próxima audiencia dentro de las próximas semanas, tras la primera comparecencia del exmandatario venezolano ante la justicia estadounidense.
Durante esa audiencia inicial, Maduro se declaró inocente de los cargos que enfrenta y se presentó ante el tribunal como “presidente de Venezuela”, una afirmación que el juez consideró irrelevante para esta fase del proceso. La Fiscalía ratificó las acusaciones por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas, cargos que podrían derivar en condenas de hasta cadena perpetua.
Mientras el proceso judicial avanza en Estados Unidos, la captura y traslado de Maduro y Flores a Nueva York tras una operación militar en territorio venezolano provocó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde quedó en evidencia la profunda división de América Latina frente a la crisis entre Washington y Caracas.
Posturas encontradas en el Consejo de Seguridad
Colombia, que ingresó al Consejo de Seguridad en enero y solicitó la reunión a petición de Venezuela, expresó una postura crítica frente a la operación estadounidense. “Estas acciones recuerdan los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana y del Caribe”, afirmó la embajadora Leonor Zalabata Torres, quien cuestionó que se impongan “la ley y los intereses del más fuerte sobre el multilateralismo”.
En la misma línea, el secretario general de la ONU, António Guterres, exhortó a respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados, según declaraciones leídas por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo. Brasil también manifestó su preocupación: “El atentado contra la soberanía de cualquier país afecta a toda la comunidad internacional”, señaló el embajador Sergio Franca Danese.
Chile, por su parte, reiteró que no reconoce al régimen de Maduro, pero rechazó una salida militar. “Las graves violaciones a los derechos humanos que enfrenta Venezuela no tienen una solución militar”, afirmó la embajadora Paula Narváez.
Respaldo a la operación de EE. UU.
En contraste, Argentina expresó su respaldo a la intervención estadounidense. Su representante, Francisco Tropepi, dijo confiar en que la acción sea “un avance decisivo contra el narcoterrorismo”. Paraguay sostuvo que la salida de Maduro “debe abrir paso de inmediato a la restauración de la democracia”.
Panamá mantuvo una postura intermedia: reiteró su compromiso con la soberanía de los Estados, pero desconoció al “régimen de carácter autoritario e ilegítimo”, incluida la presidencia interina de Delcy Rodríguez.
Desde Washington, el presidente Donald Trump endureció su discurso y advirtió que Estados Unidos “gobernará” de facto la situación venezolana, además de amenazar a Rodríguez con un futuro “peor que el de Maduro” si no coopera con su administración.
Respuesta de Venezuela
El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, rechazó las acusaciones y aseguró que su gobierno mantiene “el control efectivo sobre todo el territorio venezolano”. Además, exigió la liberación inmediata de Nicolás Maduro, calificando su captura como una violación al derecho internacional.
Mientras tanto, en Nueva York, el calendario judicial avanza y la próxima audiencia contra Maduro y Cilia Flores marcará un nuevo capítulo en un proceso que no solo tiene implicaciones penales, sino también profundas repercusiones diplomáticas y geopolíticas para la región.
