El presidente Gustavo Petro aprobó la emisión de hasta 152 billones de pesos en Títulos de Tesorería (TES) para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, en una decisión que busca garantizar liquidez al Estado en medio de un escenario fiscal restrictivo. La medida quedó formalizada en el Decreto 1478 del 30 de diciembre de 2025.
Los TES son instrumentos de deuda pública mediante los cuales el Gobierno obtiene recursos de inversionistas, con plazos que van desde uno hasta diez años y con tasas fijas o variables, denominados en pesos, dólares o UVR. Con el nuevo cupo, el Ejecutivo autorizó 85,2 billones de pesos en TES Clase B para cubrir apropiaciones del presupuesto nacional y 67 billones de pesos para operaciones temporales de tesorería, orientadas a atender necesidades inmediatas de caja.
La decisión se produce en un contexto de presión fiscal marcado por un bajo nivel de liquidez al cierre de 2025. De acuerdo con cifras conocidas, el saldo de caja del Gobierno central cayó a 1,4 billones de pesos a comienzos de diciembre, un mínimo histórico que encendió alertas sobre la limitada capacidad de respuesta ante eventuales choques externos.
Aunque el recaudo tributario mostró una recuperación parcial entre enero y octubre de 2025 —con 249,1 billones de pesos, 25,6 billones más que en el mismo periodo de 2024—, el resultado quedó 7,9 billones por debajo de la meta fijada por la Dian. En un intento por reforzar la liquidez, el Gobierno también concretó a finales de diciembre la venta directa de TES por cerca de USD 6.000 millones (unos 23 billones de pesos) al fondo internacional Pimco.
Pese a estas operaciones, las restricciones fiscales persisten y siguen condicionando la capacidad del Ejecutivo para cumplir con sus compromisos financieros y de gasto.
Recorte presupuestal y ajuste fiscal
En paralelo, el Gobierno oficializó un recorte extraordinario de 16,2 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación de 2025, mediante el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, tras el fracaso de la ley de financiamiento en el Congreso y con el objetivo de evitar el incumplimiento de la regla fiscal.
El ajuste afecta sectores estratégicos como infraestructura, salud, educación superior y programas sociales. En educación, el programa de Calidad y fomento de la educación superior perdió más de 1,38 billones de pesos, impactando a las universidades públicas. En salud, entidades como el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Invima deberán operar con presupuestos más limitados.
Entre las entidades más golpeadas figuran la Superintendencia de Notariado y Registro, con una reducción de 210.000 millones de pesos; la Presidencia de la República, con un recorte superior a 122.000 millones que afecta al Fondo Colombia en Paz; y organismos como Invías y la Agencia Nacional de Tierras, que anticipan retrasos en proyectos de infraestructura y reformas agrarias.
El Ministerio de Hacienda advirtió que el panorama fiscal sigue siendo deficitario, lo que obligará a mantener políticas de austeridad y a recurrir a mecanismos de endeudamiento para asegurar el funcionamiento del Estado en 2026.
