La Fiscalía colombiana solicitó este martes una condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno, en el marco del juicio que se adelanta en su contra desde el pasado mes de febrero.
Durante una audiencia celebrada en Bogotá, la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, aseguró que existen pruebas contundentes para responsabilizar al exmandatario como determinador de las conductas ilícitas por las que está siendo procesado.
“Hoy, con pleno respeto de las garantías procesales, comparece el ente fiscal a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez”, afirmó Orjuela.
La funcionaria sostuvo que Uribe —presidente entre 2002 y 2010— habría “ideado, promovido y respaldado una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal”, con el objetivo de favorecerse personalmente. Según explicó, el exjefe de Estado habría utilizado a terceros para lograr la retractación de testigos clave y así construir una narrativa exculpatoria.
La Fiscalía presentó un total de 37 testigos, así como material audiovisual, fotografías y documentos que, según el ente acusador, respaldan la acusación.
Un proceso que comenzó hace más de una década
El caso tiene su origen en 2012, cuando Uribe denunció al entonces senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no encontró méritos para investigar al congresista y, en cambio, abrió una investigación contra el propio Uribe por intentar influir en declaraciones de personas privadas de la libertad.
En agosto de 2020, Uribe renunció al Senado para que su caso pasara de la Corte Suprema a la justicia ordinaria. La Fiscalía intentó cerrar el expediente en dos ocasiones, pero los jueces de primera instancia y el Tribunal Superior de Bogotá negaron la solicitud. Finalmente, en 2024, la Fiscalía formalizó la acusación y dio inicio al juicio.
Las víctimas del proceso sostienen que el expresidente, a través de su abogado Diego Cadena, habría ofrecido beneficios a testigos, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para evitar que declararan en su contra y ocultar posibles vínculos con grupos paramilitares.
Aunque el juicio comenzó el pasado 6 de febrero, aún no hay una fecha definida para que la jueza emita su veredicto. El proceso contra uno de los hombres más influyentes de la política colombiana sigue marcando un hito en la historia judicial del país.
