La tensión en el suroccidente del país sigue escalando tras confirmarse que 31 militares permanecen retenidos por la comunidad en la vereda La Hacienda, ubicada en la zona del cañón del Micay, municipio de El Tambo, Cauca. Los uniformados fueron interceptados y desarmados por habitantes de la zona luego de que se frustrara un operativo que buscaba la captura de un presunto disidente de las extintas FARC.
El hecho ocurrió el sábado, cuando tropas del Ejército Nacional ingresaron a la región con el objetivo de capturar a un integrante de un grupo armado residual. Sin embargo, la operación fue neutralizada por la comunidad, que impidió el avance de los uniformados y procedió a retenerlos. Desde entonces, los soldados permanecen privados de su libertad.
El comandante del Ejército Nacional, general Luis Ospina, exigió públicamente la liberación inmediata de los militares. “La retención de miembros de la Fuerza Pública es un acto ilegal y constituye una grave violación a los derechos fundamentales. Exigimos que se respete la vida e integridad de nuestros hombres”, manifestó el alto oficial.
La situación ha encendido las alarmas de las autoridades locales y nacionales, que ya coordinan acciones para lograr una salida pacífica al impase. Aunque no se ha confirmado la participación directa de grupos armados organizados en la retención, el cañón del Micay es una zona históricamente influenciada por estructuras disidentes y cultivos ilícitos, lo que complica aún más el panorama.
Organismos defensores de derechos humanos y delegados del Gobierno estarían intentando establecer un canal de diálogo con los líderes comunitarios para mediar en la liberación de los uniformados. Entretanto, la Defensoría del Pueblo ha solicitado garantías para los militares retenidos y ha instado a las autoridades a actuar con prudencia para evitar una escalada de violencia en la región.
El hecho reabre el debate sobre la presencia del Estado en zonas rurales afectadas por el conflicto armado, donde la población civil, en medio de tensiones históricas, termina jugando un rol complejo frente a la legalidad y la seguridad nacional.
