El Gobierno de Donald Trump ordenó a la Universidad de Harvard entregar documentos sobre sus estudiantes extranjeros, en medio de un litigio por el que la institución acusa al Ejecutivo de utilizar “represalias” y extralimitarse en su intento de controlar a quiénes admiten y contratan las universidades privadas en Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió este miércoles un requerimiento administrativo a Harvard, alegando que la universidad se había negado a entregar de forma voluntaria la información solicitada para “el cumplimiento de las leyes de inmigración” desde el 1 de enero de 2020.
“Harvard, como otras universidades, ha permitido que estudiantes extranjeros abusen sus privilegios de visados y defiendan la violencia y el terrorismo en los campus”, declaró Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del DHS, quien afirmó que la universidad se había negado a cooperar en solicitudes previas.
La orden se da mientras Harvard figura entre las instituciones señaladas en los informes del Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo, creado por Trump, que ha amenazado la financiación federal de la universidad con acusaciones de presuntas políticas de “discriminación positiva” y de no dar cabida a lo que la administración califica como “diversidad de ideas”.
Preguntado sobre el caso, Trump afirmó: “Harvard ha sido muy mala, totalmente antisemita”, aunque se mostró confiado en que el Gobierno y la universidad “alcanzarán un acuerdo”.
Litigio y congelación de fondos
Según el diario universitario Harvard Crimson, la universidad entregó en abril y mayo cierta documentación relacionada con estudiantes extranjeros, pero el Gobierno consideró que la información era insuficiente y decidió vetar programas de intercambio y prohibir la entrada de estudiantes y académicos extranjeros vinculados a la universidad.
En respuesta, Harvard denunció en junio el veto del Gobierno de Trump, y una jueza federal bloqueó indefinidamente su aplicación mientras avanza el proceso judicial.
La universidad también interpuso en abril otra demanda contra el Gobierno para recuperar aproximadamente 2.000 millones de dólares de financiación federal, congelados bajo acusaciones de supuestas conductas antisemitas, las cuales la institución niega.
Un portavoz de Harvard manifestó el compromiso de la universidad con la ley, pero calificó los requerimientos del DHS de “injustificados” y “represalias”, afirmando que estas medidas forman parte de un intento de restringir la autonomía universitaria respecto a quién pueden admitir, contratar y qué pueden enseñar las universidades privadas.
Advertencia a otras universidades
En su comunicado, el DHS defendió el requerimiento como su “única opción” para obtener los documentos solicitados a Harvard e instó a otras instituciones académicas del país a “tomar nota de las acciones de Harvard y las repercusiones”.
La orden de entrega de documentos profundiza la pugna entre el Gobierno de Donald Trump y una de las universidades más influyentes del país, en un escenario que involucra tensiones migratorias, debates sobre libertad académica y acusaciones de antisemitismo, en medio de un contexto político donde la educación superior se convierte nuevamente en un escenario de disputa.
