Los puntos habituales de reunión para jornaleros latinos en Estados Unidos —esquinas, paradas de autobuses o estacionamientos de comercios como Home Depot o 7 Eleven— se están vaciando. El miedo a redadas migratorias ha llevado a cientos de trabajadores a ocultarse o a buscar nuevas formas de subsistencia lejos de la mirada de las autoridades.
Por décadas, estos jornaleros han sido el soporte invisible de sectores clave como la construcción, la jardinería, el trabajo doméstico o la agricultura. Pero su alta visibilidad también los convierte en blanco fácil, sobre todo tras el regreso de Donald Trump a la presidencia y la reactivación de políticas migratorias agresivas impulsadas por Stephen Miller, su asesor y arquitecto del control migratorio.
Una de las órdenes recientes incluye cumplir cuotas diarias de arrestos, apuntando específicamente a quienes ofrecen sus servicios en las afueras de tiendas minoristas. La consecuencia directa ha sido una caída drástica en la presencia de jornaleros en esos espacios. “Los jornaleros tienen miedo y están también enojados con la política racista que les juzga por su color de piel y forma de hablar”, aseguró a EFE Nadia Marín, portavoz de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).
El caso del estacionamiento de Home Depot en East Windsor, Nueva Jersey, ilustra el impacto. Allí, donde antes se reunían unos 60 trabajadores a diario, ahora apenas se ven unos pocos. Uno de ellos, un hondureño que pidió no revelar su identidad, relató haber sido arrestado solo por usar el baño del local. “Me sentí discriminado. No robé nada, no soy un criminal. Solo vine a buscar trabajo”, dijo, aún con el rostro cubierto por temor a represalias.
La vigilancia de los agentes migratorios, combinada con advertencias del propio personal de seguridad de los negocios —que en ocasiones han amenazado con llamar a ICE— ha creado un clima hostil. “Desde que Trump volvió, se sienten con autoridad. Mis compañeros tienen días sin trabajar y ya no pueden pagar el alquiler”, comentó otro jornalero.
La situación ha llevado a protestas. Esta semana, residentes de East Windsor ingresaron a un Home Depot con pancartas que decían “ICE fuera de Home Depot”, exigiendo que la cadena deje de colaborar con las autoridades migratorias. Activistas señalan que, así como estos negocios pueden impedir el ingreso de manifestantes por ser propiedad privada, también podrían evitar el acceso de agentes de inmigración, pero no lo hacen.
Mientras tanto, la economía local también se resiente. Los jornaleros, además de fuerza laboral, son consumidores habituales de los mismos comercios donde ahora temen ingresar. Su ausencia afecta a restaurantes, tiendas y pequeñas empresas que dependen de su presencia diaria.
Según Marín, este contexto propicia otro tipo de abusos: “Muchos contratistas aprovechan el miedo para robar salarios. Y si el trabajador se queja, lo amenazan con llamar a Inmigración”.
El vacío que dejan los jornaleros en las calles es más que físico. Es una herida visible de un sistema migratorio que criminaliza la necesidad y olvida que detrás de cada trabajador hay una historia, una familia y el deseo legítimo de sobrevivir.
