Con cuatro votos a favor y uno en contra, el Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió inhabilitar políticamente al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por un periodo de ocho años. La sanción se impuso tras acusaciones de “abuso de poder” durante su mandato presidencial, lo que le impedirá al líder del Partido Liberal participar en las elecciones presidenciales de 2026.
Según el TSE, los hechos ocurrieron durante una reunión convocada por Bolsonaro en la sede de la Presidencia, con la presencia de 50 embajadores extranjeros, el exmandatario cuestionó vehementemente el sistema electoral y sembró dudas sobre la imparcialidad del poder judicial de Brasil. El evento fue transmitido por televisión pública y por las redes sociales del capitán de la reserva del Ejército.
El juez instructor del caso, Benedito Gonçalves, quien fue el primero en votar a favor de la condena, afirmó que, durante la reunión, Bolsonaro vertió sospechas infundadas sobre las urnas electrónicas, que ha utilizado Brasil, sin denuncias de fraude desde 1996. Esta conducta fue considerada como un abuso de poder y una clara intromisión en el proceso electoral.
Sin embargo, Raúl Araújo, el único magistrado que votó en contra de la sanción, argumentó que la Justicia debería tener una “intervención mínima” en el proceso electoral y consideró que el discurso de Bolsonaro, aunque censurable en ciertos aspectos, no tuvo un efecto significativo en deslegitimar las urnas, que es el punto central de la denuncia en su contra.
Tras conocer el fallo, Jair Bolsonaro manifestó que el Congreso podría concederle una amnistía en caso de ser condenado por la Justicia electoral. “La amnistía está prevista en el régimen democrático y es el Parlamento el que la decide”, afirmó a los periodistas.
Además, el exmandatario anunció que tiene la intención de recurrir ante la Corte Suprema para intentar recuperar sus derechos políticos en caso de ser inhabilitado. “Conversaré con mis abogados y habrá un recurso ante el Supremo Tribunal Federal”, declaró en una entrevista
