El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una nueva y polémica orden ejecutiva que prohíbe totalmente la entrada de ciudadanos de 12 países y restringe parcialmente los viajes desde otras siete naciones, entre ellas Venezuela y Cuba. La medida, que ha generado reacciones inmediatas tanto dentro como fuera del país, se justifica según la Casa Blanca por “riesgos extremos a la seguridad nacional”.
El decreto, publicado sin conferencia de prensa y mediante un video difundido en la red social X, establece una prohibición total para inmigrantes procedentes de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. A su vez, impone restricciones específicas a ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
“El reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, ha subrayado los peligros extremos que representa la entrada de ciudadanos extranjeros que no están debidamente verificados. No los queremos”, declaró Trump en su mensaje grabado.
Paradójicamente, el atacante de Boulder —acusado de un crimen de odio— es originario de Egipto, país que no figura en la lista de restricciones.
Motivos y contexto
La orden afirma que las naciones incluidas carecen de mecanismos confiables de verificación de identidad o no cooperan adecuadamente con las autoridades estadounidenses. “No podemos permitir una migración abierta desde ningún país en el que no podamos realizar una evaluación y un control seguro y confiable”, sostuvo el mandatario, responsabilizando además al expresidente Joe Biden por fomentar una política migratoria “de puertas abiertas”.
Trump comparó su nueva orden con la controvertida prohibición de viaje de 2017, que afectó principalmente a países de mayoría musulmana durante su primer mandato. Afirmó que esa política “fue una de las más exitosas para prevenir ataques terroristas en suelo estadounidense” y defendió su reedición bajo un enfoque “actualizado y estratégico”.
Cuba y Venezuela: bajo lupa
Sobre Cuba, el documento afirma que el régimen es “patrocinador del terrorismo” y que se niega a colaborar con autoridades estadounidenses, especialmente en la readmisión de ciudadanos deportados. En el caso de Venezuela, se alega la falta de una autoridad central competente para emitir documentos válidos, así como una cooperación prácticamente nula en materia de seguridad.
Desde Caracas, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, reaccionó en tono desafiante. “En verdad, estar en Estados Unidos es un gran riesgo para cualquier persona, no solo para los venezolanos”, dijo en su programa televisivo semanal.
Críticas y posibles desafíos legales
Organizaciones de derechos civiles y líderes comunitarios han condenado rápidamente la orden ejecutiva. Jamal Abdi, presidente del National Iranian American Council, advirtió que esta política “no hará que Estados Unidos sea más seguro, pero causará sufrimiento a miles de familias”. La medida, según expertos legales, podría enfrentarse a nuevas batallas judiciales, como ocurrió con restricciones similares durante la primera administración Trump.
Golpe a Harvard y a estudiantes internacionales
En un movimiento adicional y sorpresivo, Trump también ordenó suspender la entrada de estudiantes extranjeros que participen en programas de intercambio en la Universidad de Harvard. El gobierno argumentó que la prestigiosa institución “ha demostrado un historial de vínculos extranjeros preocupantes y radicalismo”.
La universidad calificó la medida como “ilegal” y aseguró que viola sus derechos constitucionales. “Harvard seguirá protegiendo a sus alumnos internacionales”, afirmó en un comunicado.
El presidente Trump dejó claro que la lista de países “está sujeta a revisión” dependiendo de mejoras en los estándares de verificación de identidad y cooperación con las autoridades migratorias de EE.UU. También advirtió que podrían sumarse nuevas naciones a medida que surjan nuevas amenazas globales.
La prohibición, sin embargo, no aplicará a atletas que participen en el Mundial 2026 o en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, una excepción que revela el carácter estratégico —y polémico— de esta nueva política migratoria.
