El proyecto contempla el reconocimiento del Estado de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, aprobada por la Asamblea General en 2018.
Gloria Lizeth Restrepo es una líder campesina que trajina a diario para lograr que las 35 mujeres que hacen parte de la Asociación Municipal de Mujeres Campesinas, Indígenas y Afro de Dosquebradas, Ammucid, obtengan la retribución justa por su trabajo en el campo.
Ahora trabajan en una alianza productiva con la que sacan al mercado huevos de gallinas de pastoreo, proyecto apoyado desde el Ministerio de Agricultura con el respaldo de la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Dosquebradas. Son 4.900 gallinas ponedoras. Sin embargo, el escollo está en la comercialización. “No se nos ofrecen precios justos, teniendo en cuenta que son pequeñas unidades que tiene cada una de las mujeres en sus predios”.
Estas dificultades son similares a las que afrontan la gran mayoría de campesinos en Risaralda e incluso en el país. “Del campo nos toca desplazarnos a la ciudad para poder comercializar nuestros productos y necesitamos especial apoyo para poder ser comercializadores directos de nuestra propia producción”, precisó Gloria Lizeth.
Este panorama es el que quiere transformar la nueva ministra de Agricultura Cecilia López Montaño, a través de un proyecto de Ley que implica una reforma constitucional, con la que busca garantizar el reconocimiento del campesino como sujeto de especial protección constitucional y su acceso a una vida digna en el campo.
“Esperamos que dentro de este proyecto de Ley las mujeres seamos incluidas dentro de la titularidad de tierras, donde tengamos los mismos derechos que tienen los hombres cuando de tierra se trata, y que tengamos ese especial apoyo para nosotras poder ser productoras y directas tenentes de la tierra”, dijo Gloria Lizeth Restrepo. Por su parte, la jefe de la cartera agropecuaria dijo que cuando se apruebe y ponga en marcha este proyecto de Ley, “las mujeres serán beneficiadas”.
La crisis del agro es aún más profunda. Según lo expone Wilmer Leguízamo, administrador Ambiental y docente investigador de la Universidad Tecnológica de Pereira, UTP, las áreas rurales de Pereira son ocupadas cada vez con más frecuencia por condominios o edificaciones campestres, con personas que no se dedican a la agricultura, situación que ha evidenciado en los corregimientos de Altagracia y Tribunas Córcegas, y que también se observa en Dosquebradas, donde se privilegia el desarrollo habitacional a la producción agrícola.
Por eso Wilmer Leguízamo manifestó estar de acuerdo con este proyecto de Ley, que espera se vea traducido en “apoyos reales, concretos, con capital semilla, insumos, programas de encadenamiento productivo efectivo”.
A esta problemática se suma el hecho de que los jóvenes rurales prefieren irse para las ciudades, por lo que queda en entredicho el relevo generacional y la transferencia de conocimientos campesinos, de ese saber ancestral de cómo sembrar y cuidar los cultivos, que corre el riesgo de fenecer con la muerte de los campesinos adultos.
“Lo que necesitamos son estímulos para que el joven sienta que en el campo puede producir para tener una vida digna. Mientras en el campo la vida sea de falencias, insuficiencias económicas; a no ser valorada su mano de obra, su producción a la hora de comercializar, eso hace que los jóvenes busquemos otras opciones de vida”, dijo Rigoberto Roldán, integrante de la Corporación Regional Agroecológica, Cora, que integra los departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda y Norte del Valle.
En su discurso de posesión, el presidente Gustavo Petro ratificó su compromiso con el campo colombiano. Habló sobre las garantías que ofrecerá durante su mandato a la construcción de soberanía y seguridad alimentaria, como una misión del Estado, y de la importancia de la producción agrícola, en especial de maíz.
Desde la Corporación Cora le hacen el llamado al Congreso para que en esta reforma incluya el acompañamiento técnico que requieren los campesinos, para poder así identificar “qué falencias y deficiencias tenemos frente a la producción y qué desbalance tenemos frente a la producción tecnológica”, dijo Rigoberto Roldán, quien además hizo un llamado a la academia para que se acerque al campo y así haya la posibilidad de “revalidar en qué condiciones técnicas estamos produciendo”.
Esta es la modificación solicitada al Congreso
El artículo 64 de la Constitución Política, que a la letra dice: “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”, quedaría modificado con la adición propuesta por la Ministra de Agricultura.
La adición propuesta dice: “El campesinado es sujeto de especial protección. El Estado velará en forma especial por la protección y garantía de sus derechos individuales y colectivos, incluidos aquellos reconocidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, la cual hace parte del bloque de constitucionalidad”.
La ministra de Agricultura Cecilia López, al momento de radicar en el Congreso de la República el proyecto de Ley que busca reconocer a los campesinos como sujetos de derechos y de especial protección.
