El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del grupo guerrillero M-19 y candidato presidencial en 1990, un caso emblemático de violencia política en Colombia. Este reconocimiento se hizo oficial durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, donde César Palomino Cortés, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), admitió la participación de grupos paramilitares y agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en la ejecución de Pizarro.
María José Pizarro, senadora e hija de la víctima, compartió su satisfacción en redes sociales y subrayó la importancia de este acto para el país. La senadora recordó que el reconocimiento llega después de 34 años de lucha contra la impunidad y señaló que este crimen fue una vulneración de los derechos humanos de la familia y del derecho a la paz en Colombia. “A mi padre no lo mató la guerra ni su pasado, lo mató el futuro y su decisión de apostarle a una candidatura presidencial, tras firmar la paz”, expresó la legisladora.
Pizarro Leongómez fue asesinado el 26 de abril de 1990 a bordo de un avión en un atentado que, según el Estado, fue posible debido a fallas en su protección. El sicario, Gerardo Gutiérrez Uribe, alias “Jerry”, logró burlar la seguridad de Pizarro en un contexto donde la transición a la política de exguerrilleros era vista como una amenaza por ciertos sectores, lo cual habría influido en la omisión de garantías para su vida.
El proceso judicial para esclarecer los responsables de este crimen sufrió dilaciones que afectaron el derecho a la verdad de sus familiares. Laura García, quien fue pareja de Pizarro, también asistió a la audiencia y solicitó una reparación integral para las familias de los líderes izquierdistas asesinados extrajudicialmente en Colombia, mientras Rafael Barrios, representante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), recordó que el último deseo de Pizarro era que la paz se consolidara en Colombia.
La CIDH se encuentra en su 191 periodo ordinario de sesiones en Washington, donde también abordará casos de violaciones de derechos humanos en El Salvador, Venezuela y Nicaragua. La expectativa es que este reconocimiento del Estado colombiano sirva de base para una reparación integral y un camino hacia la reconciliación en Colombia, después de décadas de violencia y conflictos políticos.
