En una decisión que impacta al ámbito político y a la administración estatal, la Procuraduría General de la Nación ha sancionado al excanciller Álvaro Leyva con una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante diez años. Esta medida se toma a raíz de un proceso disciplinario en el que se investigaron irregularidades en la licitación de pasaportes, un proceso que en 2023 se declaró desierto sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de contratación estatal.
La decisión se dio tras una revisión exhaustiva por parte de la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, que encontró que Leyva, al declarar desierta la licitación 001 de 2023, incumplió los principios fundamentales de la contratación estatal en Colombia. Entre los principios afectados, destacan la selección objetiva y el deber de transparencia. Según el informe presentado por la Procuraduría, Leyva habría tomado esta determinación sin contar con fundamentos sólidos, tanto en el plano jurídico como técnico, transgrediendo las normas que rigen este tipo de procesos administrativos y que buscan garantizar una gestión transparente, eficiente y justa de los recursos públicos.
Faltas disciplinarias gravísimas
La Procuraduría ha clasificado las acciones de Leyva como “faltas disciplinarias gravísimas” cometidas a título de dolo, lo que implica que se considera que las acciones del exfuncionario no solo fueron irregulares, sino que también fueron intencionales. La primera de estas faltas consiste en haber declarado desierta la licitación sin los fundamentos requeridos, un acto que, según la Procuraduría, podría haber perjudicado la objetividad en la selección y afectado la transparencia en la adjudicación del contrato.
La segunda falta grave imputada a Leyva fue declarar la urgencia manifiesta sin que existieran las condiciones necesarias para justificar esta determinación. Esta declaración de urgencia podría haber facilitado la contratación directa sin licitación pública, un procedimiento que en este caso se consideró inadecuado debido a la falta de razones de peso para adoptarlo. La Procuraduría argumenta que esta actuación de Leyva vulnera los principios de responsabilidad y economía que rigen la contratación pública, además de afectar la transparencia y la legalidad de las decisiones en el proceso licitatorio.
Impacto y restricciones adicionales
La Procuraduría destacó que este fallo busca evitar posibles interferencias en el proceso en curso. Según la institución, Leyva aún podría influir en los funcionarios que participaron en el proceso, ya sea directa o indirectamente, y quienes han sido convocados como testigos. Por esta razón, la entidad ha establecido que el excanciller permanecerá inhabilitado hasta el 24 de julio de 2024, a fin de evitar cualquier posible reincidencia en las faltas.
Asimismo, la sanción pretende resguardar la integridad del proceso licitatorio actual, pues se consideró que, dada la autoridad y la influencia de Leyva, su reintegro al cargo podría representar un riesgo para la transparencia y el cumplimiento adecuado de la normatividad en la adjudicación del contrato. Cabe destacar que esta medida, aunque definitiva por ahora, puede ser apelada ante el despacho de la Procuradora General de la Nación, por lo que aún existe la posibilidad de que la defensa de Leyva busque una revisión de la decisión.
Futuro y apelaciones posibles
Pese a la sanción, el excanciller fue absuelto en lo que respecta a la declaración de urgencia manifiesta, un punto que había sido cuestionado dentro del proceso disciplinario. Sin embargo, la Procuraduría subrayó que la absolución no implica una exoneración total de responsabilidades, pues los argumentos para justificar su accionar en esa instancia fueron desestimados en otros aspectos fundamentales de la licitación.
La defensa de Álvaro Leyva aún tiene la oportunidad de apelar este fallo, lo que podría permitir un nuevo análisis de la situación en el despacho de la Procuradora General de la Nación. Por el momento, el fallo de inhabilidad se mantiene y tiene vigencia hasta mediados del próximo año, un plazo en el cual se espera que cualquier nueva actuación del excanciller sea evaluada con el máximo rigor de las normas disciplinarias.
Noticia en desarrollo
