Combatir la corrupción, una propuesta ambigua en las campañas

La lucha contra la corrupción ha sido uno de los grandes temas de discusión en la campaña de la segunda vuelta presidencial, aunque ni Gustavo Petro ni Rodolfo Hernández, que la tienen como bandera, concretan la forma de combatirla.

Cifras de la Contraloría General de Colombia muestran que la corrupción le cuesta anualmente al país unos cinco puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, alrededor de $50 billones.

Tanto Petro, candidato del Pacto Histórico, como Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, han subrayado que un punto fundamental de sus eventuales presidencias será combatir la corrupción.

Sin embargo, todo depende del cristal con que se mire, pues Hernández, que ha hecho su campaña con la única promesa de acabar la corrupción, tiene abierto un proceso precisamente por corrupción que se remonta a los años en que fue alcalde de Bucaramanga (2016-2019) y cuyo juicio está previsto que comience el próximo 21 de julio, es decir un mes después de la elección presidencial. A Petro, por su parte, se le critica haber hecho alianzas con políticos tradicionales de diferentes partidos, varios de ellos acusados de corrupción, en su afán por ampliar la base de apoyo político a su candidatura.

RECETAS A MEDIAS

En la campaña, Petro ha propuesto la implantación de una serie de medidas contra la corrupción, como la meritocracia, la autonomía administrativa y presupuestal, el acceso expedito de la ciudadanía al sistema judicial mediante herramientas tecnológicas y una legislación de protección a quien denuncie hechos de corrupción. Por su parte, Hernández plantea que no prescriban los delitos cometidos por los políticos si estos atentan contra el patrimonio público, así como la creación de un sistema central de control fiscal y acabar con el atraso tecnológico en el sector público, entre otras medidas.

PROBLEMA CRÓNICO

La corrupción es un problema enquistado desde hace décadas en la política y en el sector público colombianos. Organismos como Transparencia Internacional sitúan a Colombia entre los cuatro países más corruptos de América Latina, entre los cincuenta primeros a nivel mundial. Colombia ha ensayado de todo para enfrentar ese problema, desde la promulgación de tres estatutos anticorrupción y la creación de grupos especiales para perseguir a quienes incurren en esas prácticas, hasta la figura del “zar anticorrupción”. Pero el delito siempre parece caminar más rápido que la ley. Además, ha ido creciendo hasta el punto de que las cifras de los escándalos más grandes el país alcanza centenares e incluso miles de millones de dólares. Es el caso del brazo colombiano de la constructora brasileña Odebrecht, el de la construcción de la Refinería de Cartagena (Reficar), el del “Cartel de la toga” (una mafia de magistrados), el del “Cartel de la hemofilia” o el fraude a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

SOLUCIONES DE FONDO

“Eso es sólo una muestra de todo lo que ocurre en en el campo nacional en corrupción, en los territorios y en la rama judicial”, dice Henry Amorocho Moreno, profesor de la Universidad del Rosario, quien subraya que la solución pasa por tener un Estado fuerte, planear las compras, contar con una justicia eficaz y que los órganos encargados de vigilar al Gobierno de turno “no sean sus amigos”. También cree que una de las formas más efectivas para combatirla es la financiación de las campañas políticas. “En la actualidad se manejan cifras muy altas en las campañas y los que tienen dinero, financian y se meten en la política”.

El mes pasado, la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) presentó una serie de recomendaciones para luchar contra la corrupción. Entre las propuestas figura aumentar la financiación pública directa e indirecta de las campañas políticas del 30 al 70 %. También propone reformas integrales a los organismos de control para mejorar su eficacia, hacer seguimiento a los flujos de recursos ilícitos y al lavado de dinero asociado a la corrupción, así como combatir el uso del dinero en efectivo en las campañas electorales.