Por Pilar Salcedo Jiménez
El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la posibilidad de que no se convoque a una consulta popular, siempre y cuando el texto aprobado tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes coincidan.
“Si ese texto de la Cámara se asemeja a lo que apoye la plenaria del Senado, se pudiera pensar entonces que no habrá consulta o que no se convocará a consulta”, señaló Benedetti.
Frente a este pronunciamiento, respondió la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, donde el proyecto de reforma 2.0 fue aprobado en tercer debate, para pasar a la plenaria del Senado.
Esta fue la respuesta de la senadora Lozano: “El 80 % del texto aprobado en Senado y que se discutirá desde el lunes la plenaria del Senado es igual al de Cámara. Las diferencias de fondo, legítimas en democracia, se resuelven ‘a voto limpio’”, indicó la congresista.
La discusión en la plenaria del Senado comenzará el próximo lunes 9 de junio desde las 2:00 p. m.
Borrador, listo
El ministro del Interior, en declaraciones a los medios de comunicación, anunció que el borrador del decreto para la convocatoria a la consulta popular está listo.
El ministro explicó que dicho decreto está sustentado en lo que el Gobierno nacional considera los seis vicios identificados durante la votación del pasado 14 de mayo en el Senado de la República, por lo cual el decreto será remitido directamente a la Corte Constitucional, tal como lo establece el procedimiento.
Aseguró que el Gobierno nacional acata cualquier fallo o decisión de las cortes.
Indicó que la consulta popular, una vez se surta el trámite correspondiente, podría convocarse entre finales de julio y los primeros días de agosto, dentro de los plazos legales y con la logística prevista.
El dato
El presidente Petro anunció que se unirá a las marchas convocadas para el miércoles 11 de junio de 2025 en Cali.
Posibles acciones
En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente nacional de Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo, consideró que el anunciado ‘decretazo’ de la consulta popular, es una permanente provocación del presidente Petro a la institucionalidad. No descartó acudir a la Corte Constitucional o al Consejo de Estado, competente para conocer de las nulidades de los actos administrativos, como máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
