Una fuerte controversia sacude el panorama político colombiano luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara, en la noche del martes, su intención de convocar por decreto una consulta popular para refrendar su frustrada reforma laboral y otras propuestas clave de su agenda de gobierno. Ocho partidos políticos, tanto de oposición como tradicionales, calificaron la medida como un “golpe de Estado” al desconocer las decisiones del Congreso y amenazar, según ellos, el equilibrio de poderes consagrado en la Constitución.
Durante una alocución televisada, Petro justificó su decisión argumentando que en el Senado se habrían presentado “vicios de trámite” al negar su solicitud de consulta. “Por eso voy a decretar la consulta popular (…). Hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho”, señaló el mandatario, en un mensaje que encendió las alarmas en diferentes sectores políticos.
La reacción fue inmediata. En un comunicado conjunto, los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido de la U y ASI acusaron al presidente de “violar gravemente la Constitución” al pretender imponer por decreto una iniciativa ya archivada por el Legislativo.
“La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado”, afirmaron en el pronunciamiento, en el que también hicieron un llamado urgente a la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría para que frenen lo que consideran un abuso de poder.
Asimismo, exigieron al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, abstenerse de avanzar en la organización de dicha consulta sin antes verificar “el cumplimiento de los requisitos y procedimientos legales” y evaluar la legitimidad del decreto presidencial.
El rechazo de estos sectores se sustenta en que el Congreso ya había cerrado el camino a la consulta al archivar la propuesta tanto en marzo como en mayo de este año. Además, recuerdan que la Sección Quinta del Consejo de Estado ratificó el archivo como un “acto definitivo” y válido jurídicamente, reafirmando la autonomía del Legislativo.
“El país está al borde de una crisis institucional por cuenta de la intransigencia presidencial”, advirtieron los partidos firmantes, que consideran que la iniciativa presidencial no solo vulnera la separación de poderes, sino que puede socavar los pilares del Estado de Derecho.
En su comunicado, reiteraron su “respaldo y respeto incondicional a las Cortes” y llamaron a la ciudadanía a “rodear a las instituciones” para proteger la democracia colombiana.
Por ahora, la decisión presidencial deberá ser revisada por la Corte Constitucional, instancia que tendrá la última palabra sobre la legalidad del decreto. Mientras tanto, el debate promete escalar en los próximos días, en un ambiente político ya polarizado por las reformas sociales impulsadas por el Ejecutivo.
