La controversia en torno al presidente Gustavo Petro sigue escalando en el escenario político colombiano. Una ciudadana, Carolina Restrepo Cañavera, ha liderado una propuesta que ya ha recolectado más de 850 firmas verificadas para exigir que el mandatario se someta a pruebas toxicológicas y psiquiátricas. La iniciativa, que tomó forma mediante una carta dirigida al Congreso de la República, ha sido acogida por sectores de la oposición como una oportunidad para poner en tela de juicio la idoneidad del jefe de Estado.
La carta, fechada el 6 de mayo y enviada a las Comisiones Primeras Constitucionales, la Comisión de Ética y las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, se ampara en las declaraciones del exministro Álvaro Leyva, quien acusó públicamente al presidente Petro de presunto consumo problemático de sustancias psicoactivas. Según Restrepo Cañavera, estos señalamientos no pueden ser ignorados por las instituciones del Estado, ya que representan “una amenaza a la estabilidad de la República”.
“Actúo en nombre propio, sin representar a grupo político alguno. Si el Congreso guarda silencio frente a este tema, se convierte en cómplice por omisión de una posible crisis institucional”, escribió Restrepo en su misiva, citada por el diario El Tiempo.
El impacto de esta iniciativa se ha amplificado en medio de un ambiente político ya polarizado. Figuras destacadas de la oposición, como la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, el exministro de Justicia Wilson Ruiz y el representante John Jairo Berrío, han respaldado propuestas similares. Ruiz, por ejemplo, elevó una solicitud formal para que se autoricen evaluaciones médicas al presidente, mientras que Cabal ha insistido en que el Senado someta a votación su proposición sobre el tema.
“No se trata de una persecución política. Se trata de responsabilidad institucional y del derecho de los colombianos a saber si su presidente está en condiciones de gobernar”, señaló Cabal, quien también aspira a la presidencia en 2026.
La decisión sobre el curso de estas solicitudes está ahora en manos de la Comisión Primera del Congreso. Su presidente, el congresista Leonardo Gallego, deberá nombrar al parlamentario que dará trámite a esta petición, un paso clave para definir si se procederá con las pruebas sugeridas.
Desde el oficialismo y sectores afines al presidente Petro, esta cadena de solicitudes ha sido interpretada como un intento de desestabilización política. Alegan que detrás de estas propuestas hay intereses partidistas que buscan debilitar al Ejecutivo en medio de tensiones con el Congreso y desafíos en la agenda de gobierno.
La discusión sobre la salud del presidente se ha convertido, así, en un nuevo eje de enfrentamiento político. Mientras la oposición exige transparencia y control institucional, el oficialismo denuncia una campaña de desprestigio. El desenlace dependerá, en parte, de la decisión que adopte el Congreso en las próximas semanas.
