Por Pilar Salcedo Jiménez
Es la primera vez en la historia de Colombia que capturan simultáneamente a un expresidente del Senado y a un expresidente de la Cámara de Representantes.
Tras las capturas de los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, por presunta corrupción en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), todo parece indicar que podría aplicarse la figura de “la silla vacía”.
“La silla vacía” es una sanción que se impone a los partidos y movimientos políticos cuyos congresistas han participado en actividades delictivas. Esta medida impide que otro miembro del mismo partido asuma la curul del congresista investigado o condenado.
Si se aplica esta figura, el Partido Verde perdería la curul de Iván Name y el Partido Liberal la de Andrés Calle. Ambos se encuentran actualmente recluidos en una guarnición militar mientras avanza la investigación.
Según información el analista político Marco Antonio Pérez, en Colombia, la sanción de “la silla vacía” se ha aplicado en 18 ocasiones, lo que ha significado la pérdida de las curules para igual número de congresistas y sus partidos.
Sin embargo, algunos de los sancionados han logrado que sus familiares, con el aval del mismo partido, los reemplacen y “hereden” las curules. De acuerdo con información de Javier Duque Daza publicada en la revista Uniandes, seis de dieciocho congresistas removidos han sido reemplazados por familiares.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirmó respecto a la sanción: “No tengo el concepto jurídico, pero entiendo que sí, si la Corte nos oficia”. Sobre la captura de Iván Name, indicó: “Creo en la presunción de inocencia del expresidente Iván Name. Él debe defenderse. No ha sido condenado”.
Por su parte, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia consideró que se cumplen los requisitos legales y fines constitucionales para restringir la ibertad de los congresistas mientras se desarrolla la investigación.
Las posibles penas
Name y Calle son investigados por presunta participación en los delitos de cohecho propio y peculado por apropiación. Según el Código Penal colombiano, el cohecho contempla penas de entre 3 y 6 años de prisión, y el peculado de entre 4 y 10 años. Presuntamente, los congresistas habrían recibido 4.000 millones de pesos para facilitar trámites del Gobierno. Ambos han negado los cargos. La Corte Suprema de Justicia es la única autoridad competente para investigar y juzgar a los congresistas por delitos.
Otros investigados
Con la captura de Iván Name y Andrés Calle, surge la pregunta de qué pasará con los otros congresistas investigados por el escándalo de la UNGRD: Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde), Karen Astrith Manrique Olarte (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz), Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U) y Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal).
El dato
La Corte Suprema de Justicia dispuso que los capturados cumplan la medida privativa de libertad en guarniciones militares.
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