De los 22 proyectos de ley radicados por el Gobierno, solo uno logró convertirse en ley: el Presupuesto General de la Nación. El dato refleja un freno casi total a la agenda gubernamental y confirma una ralentización significativa del trabajo legislativo en el Capitolio.
El primer periodo de la cuarta y última legislatura en Colombia, cerró con un balance adverso para el Gobierno Nacional: su efectividad legislativa fue de apenas 4,5%.
De los 22 proyectos de ley radicados por el Ejecutivo, solo uno logró convertirse en ley —el Presupuesto General de la Nación—, lo que evidencia un freno casi total a la agenda gubernamental y una marcada ralentización del trabajo legislativo en el Congreso.
De acuerdo con Juliana Ocampo,de la firma Orza, el desplome no responde a un fenómeno coyuntural. Por el contrario, obedece a una tendencia sostenida de debilitamiento en la capacidad del Gobierno para construir y mantener mayorías estables. Mientras en las dos primeras legislaturas la efectividad rondó el 33%, en la tercera cayó al 22% y en el primer periodo de la actual se redujo al 4,5%.
Este comportamiento, explicó, refleja una gobernabilidad cada vez más frágil en un Congreso altamente fragmentado y ya inmerso en la lógica preelectoral.
El balance del semestre, según datos de Sonar —herramienta de monitoreo y estimación de riesgos regulatorios—, muestra que el Congreso operó más como un espacio de radicación y acumulación de iniciativas que de cierre normativo.
Durante el primer semestre de la legislatura 2025–2026 se radicaron 711 proyectos de ley, con una tasa mínima de archivo y un número reducido de iniciativas que lograron completar su trámite.
La Cámara de Representantes concentró cerca del 60% de los proyectos presentados, mientras que el Senado agrupó el 40%, manteniendo el patrón institucional de periodos anteriores y confirmando a la Cámara como la principal puerta de entrada de la actividad legislativa.
Congestión estructural
Para María Jimena Escandón, de Orza, más allá de la dinámica del semestre, el Congreso arrastra una congestión estructural que condiciona el avance de la agenda. Al cierre de la tercera legislatura (2024–2025), 328 proyectos que no fueron archivados ni sancionados como ley quedaron en trámite y pasaron a la legislatura 2025–2026.
Esta acumulación se concentra principalmente en las comisiones Primera, Sexta y Séptima, donde se generan cuellos de botella que limitan la evacuación efectiva de los proyectos. En términos temáticos, las iniciativas activas se enfocan en cultura y honores (22,7%), medio ambiente (9,4%), educación (9,4%), transporte (5,8%) y asuntos laborales (5,8%), una composición que refuerza la fragmentación y el rezago entre radicación y aprobación.
Recuadro
Reformas sin avance
La ley de financiamiento fue rechazada por falta de consenso en las comisiones económicas; el proyecto de reactivación económica, conocido como “plan B”, se quedó sin tiempo ni sesiones adicionales; la Jurisdicción Agraria, uno de los ejes de la agenda rural, no logró aprobación y podría quedar en manos del próximo Congreso; y la reforma a la salud fue archivada en tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, a la espera de que la plenaria decida sobre un recurso de apelación.
Para el analista político Gonzalo Araújo, el balance del periodo deja una conclusión de fondo: la gobernabilidad sustentada en acuerdos ad hoc y en facciones internas de los partidos resulta poco sostenible.
“En un escenario preelectoral, las mayorías se vuelven más volátiles, dependen de cada proyecto y se erosionan rápidamente ante cambios en los incentivos políticos”, afirma el analista.
El dato
El Congreso entró en receso legislativo el 16 de diciembre, con un cierre marcado por el ambiente preelectoral, la baja asistencia, la reducción de la actividad plenaria y el traslado de prioridades de senadores y representantes hacia actividades regionales y de campaña.
Leyenda
De cara a 2026, el margen para destrabar reformas estructurales luce limitado. La actividad legislativa regresará el 16 de febrero y, con las elecciones de Congreso del 8 de marzo de 2026 en el horizonte, los incentivos para asumir costos políticos por iniciativas del Gobierno tienden a disminuir.
