La comunidad de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda, ha expresado su descontento por la reciente decisión del alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez, de modificar la ruta de los buses que cubren el trayecto Santa Rosa – Dosquebradas. Esta medida ha sido calificada como improvisada y sin fundamento adecuado por el exalcalde de Santa Rosa, Rodrigo Toro.
Ante la falta de respuesta y la aparente firmeza de Jiménez en su decisión, Toro anunció que se interpondrá una demanda de Acción Popular. Esta acción busca revertir el decreto mediante una medida cautelar y garantizar que cualquier decisión futura se tome con la debida planificación y diálogo.
“Es fundamental que se respeten los derechos fundamentales y colectivos de los ciudadanos. El alcalde no puede gobernar de manera unilateral, ignorando las necesidades y derechos de la comunidad”, concluyó Toro.
La polémica se intensificó cuando Jiménez anunció que los estudios sobre el impacto de la nueva ruta se realizarían después de la expedición del decreto. “Esto es contrario a toda lógica administrativa. Las decisiones deben basarse en estudios previos, no tomar decisiones para luego evaluarlas”, criticó Toro.
Toro manifestó su preocupación por la falta de socialización y diálogo en la implementación del decreto que altera el transporte intermunicipal. Asegura que la medida no solo carece de la debida motivación exigida por la normativa, sino que también ignora la necesidad de estudios previos que justifiquen el cambio. “Básicamente se está alterando la forma en que los usuarios se transportan, afectando a miles de personas que dependen de esta ruta para cumplir con sus necesidades laborales, médicas y educativas”, expresó el exalcalde.
El actual alcalde de Santa Rosa, Pablo Gómez, también ha intentado mediar en la situación sin éxito. Las empresas de transporte y los usuarios, que han participado en mesas de diálogo con la administración de Jiménez, se sienten igualmente frustrados. Según Toro, el alcalde de Dosquebradas ha mantenido una actitud de silencio administrativo, incumpliendo los plazos prometidos para resolver el conflicto.
