Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos de su sistema eléctrico en las últimas décadas. Las deudas acumuladas del Gobierno con las empresas de energía, especialmente por concepto de subsidios, amenazan la estabilidad financiera del sector y ponen en riesgo la continuidad del servicio para millones de usuarios en el país.
De acuerdo con cifras entregadas por la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), al cierre de noviembre de 2025 las empresas comercializadoras registran saldos por recuperar cercanos a $6,1 billones. De ese total, $2,4 billones corresponden a la opción tarifaria, $2,3 billones a subsidios y $1,4 billones a deudas de usuarios oficiales.
El presidente de Asocodis, José Camilo Manzur, advirtió que la cifra equivale, en promedio, a dos años de ingresos brutos del sector, mientras que en algunas empresas, como Afinia, el monto representa hasta cuatro años de facturación. “El 69 % de estos saldos corresponde a deuda pública, tanto nacional como territorial, lo que limita seriamente la capacidad de las empresas para operar”, afirmó.
Manzur enfatizó que los subsidios son una obligación del Estado y que las empresas solamente actúan como intermediarias: “Si no contamos con los recursos, no podremos honrar la compra de energía ni seguir financiando subsidios”.
La situación es igualmente preocupante para las generadoras. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, señaló que las compañías distribuidoras ya completan 11 meses sin recibir pagos por subsidios, lo que suma un hueco financiero cercano a $2,8 billones.
Además, una de las empresas intervenidas por el Estado acumula deudas por $1,6 billones, de los cuales $1,1 billones corresponden a obligaciones con generadoras térmicas. “Esto compromete directamente la compra de combustible y la prestación del servicio”, alertó Castañeda.
Subsidios mal focalizados
Asocodis y Andeg coinciden en que el problema no es solo financiero, sino estructural. Para Manzur, el sistema de subsidios vigente está mal diseñado: “Hoy personas con altos ingresos también reciben subsidios. La estratificación no es un criterio justo ni eficiente”.
El dirigente propuso que la asignación se base en ingresos, niveles de pobreza y consumo energético, y aclaró que los mecanismos legales ya existen.
Desde Andeg, Castañeda lamentó que, pese a estar contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, no se haya reformado el modelo de focalización: “Este gobierno prometió cambiar el sistema, pero no lo hizo”.
Según Manzur, el impacto de eventuales ajustes sería mínimo para los usuarios más vulnerables, pues una modificación adecuada representaría una reducción promedio de $2.400 mensuales para estrato uno, mientras que el beneficio estructural para el sistema sería significativo.
Riesgo regulatorio y presión financiera
Otro factor de preocupación es la propuesta de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que, según Asocodis, disminuiría la remuneración a las empresas comercializadoras en casi $1 billón anual.
“De aprobarse esa resolución, sería la estocada final. Muchas empresas no resistirían, especialmente en la región Caribe. El Estado tendría que intervenirlas o asumirlas”, sostuvo Manzur.
¿Apagones en 2027?
La falta de expansión en generación agrava aún más el panorama. Castañeda advirtió que el país podría enfrentar racionamientos de energía en 2027 debido a la escasa entrada de nueva capacidad.
“El año 2025 ha sido uno de los peores en incorporación de generación: solo ha entrado el 3 % de lo esperado”, afirmó.
Manzur agregó que el consumo sigue en aumento, especialmente en la Costa Caribe, mientras la oferta se estrecha peligrosamente frente a la demanda.
Respuesta del Gobierno
Durante la XXI Jornada de Distribución de Energía, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, aseguró que el Gobierno implementó el mecanismo de cesión de derechos de subsidios para mejorar la liquidez del sector. Según el funcionario, ya se han desembolsado cerca de $300.000 millones y se prevé gestionar otros $600.000 millones a través de la Financiera de Desarrollo Nacional.
Asimismo, anunció que a inicios de 2026 se realizará un nuevo pago con recursos del Presupuesto General y reiteró la voluntad del Ejecutivo de revisar el esquema de subsidios para evitar que personas con capacidad económica sigan recibiéndolos.
“El objetivo no es quitar subsidios a los que los necesitan, sino cerrar la fuga de recursos”, dijo el ministro.
El llamado
Los gremios coinciden en que el país necesita decisiones inmediatas. No solo se trata de pagar deudas, sino de corregir de fondo el modelo de subsidios, garantizar reglas claras y reactivar proyectos de generación y transmisión.
Mientras tanto, las empresas advierten que, sin soluciones estructurales, el sistema continuará debilitándose, los precios podrían aumentar y los apagones dejarían de ser una amenaza lejana para convertirse en una realidad.
