Por PIlar Salcedo Jiménez
La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de multar a los responsables financieros de la campaña presidencial 2022 y a los partidos involucrados tiene, por ahora, un alcance estrictamente económico y administrativo.
Aunque la senadora y precandidata presidencial de Centro Democrático, Paloma Valencia planteó escenarios de pérdida del cargo para el presidente Gustavo Petro, tanto el exregistrador Alfonso Portela como el analista Carlos Charry coinciden en que los tiempos legales y la naturaleza de las sanciones hacen improbable una destitución, mientras en el Congreso continúan las reacciones políticas a favor y en contra del fallo.
Según el exregistrador Portela, la decisión del CNE tiene un alcance estrictamente económico. “Se trata de una multa, y los efectos en lo que tiene que ver con la competencia del Consejo Nacional Electoral terminan ahí. Es una sanción económica que deberán pagar, en el monto establecido en la resolución, cada uno de los sancionados”, precisó.
El exregistrador aclaró que, en el caso de los partidos políticos, no se decretó ninguna medida adicional como suspensión de la personería jurídica o pérdida de la misma. Simplemente se trata de una multa, y los partidos la pagarán o se les descontará de los dineros que el Estado les traslada”, explicó.
Portela agregó que, una vez pagada la sanción, los partidos que adelantan procesos de fusión dentro del Pacto Histórico podrán seguir adelante sin que la decisión del CNE sea un obstáculo.
“Podrán continuar aquellos que están en el tema de la fusión del Pacto Histórico, ya con el tema de la investigación resuelto en lo que tiene que ver con la campaña de 2022”, señaló.
Posibles escenarios
Al referirse a lo planteado por la senadora Paloma Valencia, Portela recordó que la ley 996 de 2005 contempla escenarios drásticos en materia de responsabilidad por violación de topes de campaña.
“La ley 996 de 2005 habla de que, dentro de los 30 días siguientes a la declaratoria de la elección, y por violación de topes, puede surgir la pérdida del cargo. Esa es una sanción que impondría el Congreso de la República”, explicó.
Sin embargo, advirtió que ese término ya está ampliamente superado, por lo que ese camino específico ya no sería viable en este momento.
Portela indicó que, a estas alturas, la única vía sancionatoria posible frente al primer mandatario sería el procedimiento por indignidad política ante el Congreso de la República, que tiene un trámite propio y varias instancias:
- Comisión de Acusaciones de la Cámara
“La Comisión de Acusaciones tendría que presentar un documento donde establece o sugiere la responsabilidad del primer mandatario”, señaló Portela. - Plenaria de la Cámara de Representantes
Esa actuación debe ser aprobada por la plenaria de la Cámara para que el proceso continúe su curso.
Comisión de investigación en el Senado y plenaria del Senado
“Si ese documento sigue su ritmo de aprobación, pasaría a una especie de comisión de investigación del Senado y luego a la plenaria del Senado, que tendría que pronunciarse”, explicó. En ese escenario, el Congreso podría decretar una sanción de carácter preventivo:
“Ahí se podría dar una especie de sanción preventiva que es apartar del cargo al primer mandatario, y eso lo podría hacer el Congreso de la República”, afirmó.
Portela añadió que, si se levanta el fuero y se declara la indignidad, la Corte Suprema de Justicia podría entrar a jugar un papel decisivo en el ámbito penal.
“De lo contrario, podría darse la situación de que, una vez levantado el fuero y se declare la indignidad, sea la Corte Suprema de Justicia, en la investigación penal, la que pueda de alguna manera producir una sanción definitiva que aparte del cargo al primer mandatario”.
No obstante, el exregistrador advirtió que, en la práctica, el factor tiempo juega en contra de que un desenlace de esa naturaleza se materialice dentro del actual periodo presidencial: “Ya los tiempos, con respecto al periodo del mismo presidente de la República, ya no darían para que eso pudiera ocurrir”, concluyó.
¿Destitución?
Por su parte, el analista y docente de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, sostuvo que el expresidente Gustavo Petro no enfrenta riesgo de destitución por caso CNE,
El analista Carlos Charry consideró que el planteamiento de la senadora Paloma Valencia sobre una eventual destitución del presidente Gustavo Petro, a raíz de las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), “no tiene cabida en este momento”.
Resaltó que el alcance de las eventuales decisiones del CNE es principalmente de carácter administrativo.
De acuerdo con su explicación, incluso en un escenario extremo en el que se avanzara hacia sanciones más profundas, los tiempos procesales jugarían a favor de la estabilidad del mandatario.
“En caso dado de que fuese así, los tiempos de ese proceso tardarían más de lo que le queda al señor presidente para cumplir con su periodo”, indicó.
Reacciones
Senadora María Fda Cabal
Precandidata presidencial
“Es la confirmación de lo que muchos denunciamos desde hace más de dos años. La campaña de Petro violó los topes de financiación por un monto cercano a los 6.000 millones de pesos”.
Gustavo Bolívar
Exsenador
“ Soy respetuoso de los fallos, pero han existido casos más graves en gobiernos anteriores como Odebrecht con Santos y hubo evidencias pero lo archivaron. Pero como es Petro, acá si le cae todo el peso y ahí si son efectivos”.
Isabel Zuleta
Senadora
“No para la persecución política del CNE en contra de nuestro presidente y del proyecto político del Pacto Histórico”.
Julio César Triana
Rep. a la Cámara
¿Cuándo actuará la Comisión de Acusaciones? ¿O es que están planteando vacancias judiciales que están impidiendo el trámite? El país merece respuestas y resultados”.
Juan Espinal
Rep. a la Cámara
“Ojalá Roa cumpla la palabra de renunciar de manera inmediata a Ecopetrol. Ahora dirá Petro que es un montaje de la CIA”.
El dato
La campaña Petro Presidente debe devolver $3.150 millones, por excesos y gastos reportados de manera indebida, según el CNE.
