La minería ilegal está acabando con los ríos en Colombia y ha llegado a tal punto su
nefasta influencia que hoy cerca del 85% del oro que está exportando Colombia es
producto de esa actividad, alertó la Contraloría General de la República al presentar
un balance de sus acciones de control fiscal y seguimiento a los principales daños
ambientales del país.
“En comparación con el negocio ilícito de la cocaína, donde el kilo de coca puede
estar en el mercado de Colombia por alrededor de los $5 millones, un kilo de oro
ilegal está por el orden de $250 millones, lo que ha hecho que este negocio se haya
disparado y hoy esté contaminando de una manera crítica, no solamente el río Atrato
en el Chocó sino también muchos otros ríos, lo que beneficia solamente a unas
cuatro a cinco grandes organizaciones criminales”, aseguró el Contralor Delegado
para el Medio Ambiente, Gabriel Adolfo Jurado.
Y la situación no para ahí: el 66% de la minería ilegal en Colombia se hace en zonas
de reserva, en Parques Naturales y en Reservas Forestales.
Jurado habló de lo que sucede en los ríos del país, producto de la explotación ilícita
de minerales, que llenan los bolsillos de unas organizaciones criminales que están
captando este recurso sin importarles la contaminación que le producen a los
recursos hídricos, con minerales pesados como el mercurio, el cianuro y otros que
utilizan en tal actividad.
Aseguró Colombia está en presencia de una masacre ambiental, ante el creciente
fenómeno de la deforestación. En el año 1990, Colombia tenía cerca de 65 millones
de hectáreas de bosque y hoy, 32 años después, se está llegando a 59 millones de
hectáreas. Es decir, se han perdido más de seis millones de hectáreas.
Colombia pierde al día 500 hectáreas de bosque, que para dimensionarlo son cerca
de 1000 estadios tan grandes como El Campín de Bogotá, aseguró. La situación se
presenta sobre todo en la Amazonía y el departamento del Chocó. Explicó que esta
masacre ambiental se está generando por algunas situaciones como la expansión
ilegal de la ganadería, inclusive en Parques Nacionales Naturales, como Chiribiquete
y Los Picachos, por parte de bandas criminales organizadas, y los cultivos ilícitos
que son los grandes responsables de la deforestación en la Amazonía y en zonas del
Chocó y el sur occidente del país, como Tumaco, Nariño.
Para el Contralor Delegado de Medio Ambiente, el gran reto que tiene el estado colombiano no es solamente evitar que los bosques o los recursos naturales se dañen, sino es perseguir económicamente a quienes producen el mismo. “El reto que viene en los próximos años es perseguir los bienes que tienen escondidos estas mafias o a través de
testaferros, o quizá algunos en el exterior”, anotó.
