Más recursos para que los contratistas del municipio tengan mejores ingresos y se les brinde mayor estabilidad laboral, teniendo en cuenta que llevan varios años sin incremento de salario, fue el requerimiento que hizo el concejal Maicol Lopera, durante la discusión del proyecto de Acuerdo aprobado en segundo debate en el que se fija el presupuesto general del municipio de Pereira, para la vigencia 2021.
De acuerdo con la iniciativa analizada en plenaria, la cual tuvo 16 votos afirmativos y 3 negativos, el presupuesto general que dispondrá la capital risaraldense para el 2021, fue calculado con sus modificaciones en la suma de 862.414 millones de pesos aproximadamente.
Según los ponentes del Proyecto de Acuerdo, concejales Maicol Lopera Cardona y Joan Manuel Ríos, con estos recursos la administración municipal prestará especial atención a los grupos sociales y comunidades vulnerables, procurando satisfacer sus necesidades básicas en salud, nutrición, formación educativa, vivienda, deporte y cultura.
De igual manera buscará mejorar las condiciones de la población en agua potable y saneamiento básico. “Con la aprobación del presupuesto se pretende generar entornos saludables para el desarrollo integral de la comunidad y su vinculación a la actividad económica y productiva”, anotaron los corporados.
No obstante, Joan Manuel Ríos pidió revisar los recursos que están en los bancos para que la administración pública busque la rentabilidad social y no la rentabilidad financiera. “Aumentando los salarios de los funcionarios y contratistas se aumenta la rentabilidad social”, destacó el concejal pereirano.
Así mismo Carlos Torres solicitó a la Alcaldía brindar más apoyo para la Personería municipal en la parte presupuestal, para que esta entidad pueda hacer una labor más técnica y beneficiosa para la comunidad.
Entre tanto el concejal Carlos Hernán Muñoz, refiriéndo a la reactivación económica que no se va a dar rápidamente, consideró que el 50% de los rendimientos financieros de los bancos se deben destinear para financiar la política pública de ciencia, tecnología e innovación.
