El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió al país al anunciar que podría recurrir a un decreto para aprobar el presupuesto general de la nación para 2025, luego de que sectores del Congreso manifestaran su rechazo al monto planteado por el Ejecutivo. El desacuerdo surge porque el presupuesto presentado incluye cifras basadas en una reforma tributaria que aún no ha sido discutida ni aprobada por el Legislativo.
La propuesta del Gobierno, encabezada por Petro y su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estima un presupuesto total de 523 billones de pesos para el próximo año. De ese monto, 12 billones corresponden a los ingresos que el Ejecutivo espera recaudar con la nueva ley de financiamiento, una reforma tributaria que aún no ha pasado por el Congreso. Esto ha generado una fuerte resistencia entre los legisladores, quienes consideran que no es viable aprobar un presupuesto que depende de ingresos que no están asegurados.
El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, fue enfático en señalar que la inclusión de esos 12 billones de pesos en el presupuesto es un punto de discordia. Cepeda advirtió que el Congreso podría rechazar el presupuesto completo si el Gobierno no retira esa cifra, ya que aprobarlo implicaría dar luz verde a una reforma tributaria que aún no ha sido debatida. “No podemos respaldar un presupuesto que basa sus cálculos en ingresos hipotéticos”, señaló el líder legislativo.
Ante este escenario, Petro utilizó su cuenta de X (antes Twitter) el lunes por la noche para defender su posición, señalando que la reforma tributaria no afectará a las personas naturales, a excepción de los “superricos”, y que reducirá el impuesto de renta a las empresas, con excepción de aquellas relacionadas con industrias extractivas de combustibles fósiles. En sus declaraciones, el mandatario planteó que la negativa del Congreso a aprobar el presupuesto podría obligarlo a sacar el presupuesto por decreto, una medida extraordinaria que evitaría el estancamiento legislativo. “El presupuesto, como dice la Constitución y la ley, saldrá por decreto”, afirmó Petro.
El conflicto tiene implicaciones profundas, ya que la aprobación del presupuesto es una de las responsabilidades centrales del Congreso. Las comisiones económicas del Congreso tienen hasta el 15 de septiembre para avalar o rechazar el presupuesto propuesto por el Gobierno. Si bien algunos sectores del Legislativo han mostrado disposición a negociar, el punto crucial sigue siendo la inclusión de los 12 billones de pesos que el Gobierno espera recaudar con la reforma tributaria. La situación plantea un dilema para el Congreso: si aceptan el presupuesto completo, estarían avalando una reforma tributaria que aún no ha sido discutida; si lo rechazan, el Gobierno podría recurrir a la vía del decreto, lo que desencadenaría una crisis política.
La postura del Gobierno es clara: considera que la reforma tributaria es necesaria para cubrir las necesidades presupuestarias del país. Sin embargo, la falta de aprobación previa de dicha reforma ha generado incertidumbre entre los legisladores, quienes temen que aprobar un presupuesto con cifras inciertas pueda generar problemas financieros en el futuro cercano. El temor principal radica en que el país podría enfrentar dificultades de liquidez si el recaudo esperado no se materializa, lo que podría afectar programas sociales y proyectos de inversión pública.
Por su parte, Petro ha defendido su propuesta asegurando que la reforma tributaria busca una mayor equidad, recaudando más de los sectores más adinerados y alivianando la carga impositiva de las empresas no extractivas. “La ley de financiamiento no aumenta impuestos a las personas naturales, salvo a los superricos, y les baja el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia, menos a las extractivas fósiles”, explicó el presidente en su comunicado.
La discusión sobre el presupuesto y la reforma tributaria promete ser uno de los temas más candentes en las próximas semanas. Las posturas parecen irreconciliables en este momento, pero el reloj sigue corriendo, y tanto el Congreso como el Ejecutivo deberán encontrar una salida antes de la fecha límite. Mientras tanto, el anuncio de Petro sobre la posibilidad de aprobar el presupuesto por decreto ha desatado un debate constitucional sobre los límites del poder presidencial y el papel del Congreso en la supervisión del gasto público.
