Por Pilar Salcedo Jiménez /
El fallo en primera instancia impone suspensiones e investigaciones disciplinarias por la elección indebida de Giovanni Arias como contralor departamental en 2022.
La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo en primera instancia contra algunos exdiputados y varios diputados actuales de la Asamblea de Risaralda por su participación en la elección del contralor departamental en el año 2022, cuando la terna no estaba completa.
La decisión incluye sanciones económicas y disciplinarias, entre ellas la suspensión por ocho meses de cuatro diputados activos y multas de 200 millones de pesos a varios exdiputados, del periodo 2020- 2023.
Entre los sancionados con multa, se encuentra el actual gobernador, Juan Diego Patiño Ochoa, quien fue diputado hasta 2023 y renunció para ser candidato a la Gobernación de Risaralda.
Entre los sancionados con suspensión de ocho meses se encuentran Andrés Gil, Carlos Wilson Suárez, Jaime Duque y Diomedes Toro.
Por su parte, los exdiputados Juan Diego Patiño, Duván Murillo, Daniel Silva, Juliana Enciso y Diego Naranjo deberán responder por la sanción económica. Tanto los sancionados con multa, como los sancionados con suspensión, pueden apelar.
Hay tres sobre los cuales no aplica ningún tipo de sanción: Dúrguez Espinosa, diputado activo, Paola Nieto, diputada activa y Carlos Alberto Henao, exdiputado, quienes manifestaron su voto en blanco y acogieron la advertencia de ilegalidad, por lo cual para ellos no aplica ningún tipo de sanción.
Los sancionados tienen un plazo de 10 días para apelar la decisión ante la Sala Disciplinaria de Funcionarios de Elección Popular.
Si no lo hacen, las sanciones quedarían en firme y la Asamblea deberá convocar a los siguientes en la lista de sus respectivos partidos para reemplazarlos temporalmente.
La elección inicial de Giovanni Arias fue anulada por el Consejo de Estado en 2023, pero posteriormente volvió a ser elegido.
“Los diputados estaban advertidos de que no se podía elegir con solo dos candidatos. Lo dije en la sesión y quedó registrado. Por eso el Consejo de Estado falló en ese sentido”, afirmó el exsecretario de la Asamblea, Óscar Valencia, en entrevista con El Diario del Otún.
¿Porqué los sancionaron?
La ley exige que la terna para elegir contralor esté conformada por tres candidatos, pero uno de los aspirantes renunció antes de la votación.
A pesar de la advertencia del entonces secretario de la Asamblea, Óscar Fabián Valencia Ciro, sobre la necesidad de convocar a un cuarto candidato para completar la terna, los diputados continuaron con el proceso y eligieron entre solo dos aspirantes. Así lo explicó Valencia a El Diario del Otún.
Valencia, quien fue secretario de la Asamblea durante siete años y ahora asesora al Concejo de La Celia, explicó que su recomendación quedó registrada en el acta y fue clave para que la Procuraduría archivara el proceso en su contra.
Contexto
Un día antes de la votación programada para escoger al nuevo contralor departamental, Carlos Alberto Gallego, uno de los tres candidatos, renunció a la postulación. Sin embargo, la Asamblea decidió continuar con el proceso de elección al día siguiente, 8 de marzo de 2022, con solo dos aspirantes: Giovani Arias y Juan David Hurtado.
Ese mismo día, la plenaria de la Asamblea sometió a consideración la renuncia de Gallego y decidió no aceptarla, bajo el argumento de que así se mantenía vigente la terna de candidatos y el proceso podía continuar sin contratiempos.
Sin embargo, el Consejo de Estado, en una decisión posterior, determinó que la Asamblea debió haber convocado al cuarto aspirante mejor calificado en el concurso de méritos, para participar en la elección.
Como consecuencia de esta omisión, la Procuraduría consideró que los diputados actuaron en contra de lo establecido en el marco legal y disciplinario, motivo por el cual resolvió sancionarlos por falta grave.
La voz del experto
“El debate central no es la elección del contralor, sino si la Procuraduría puede suspender a diputados sin intervención de un juez, lo cual podría vulnerar estándares internacionales que exigen decisión judicial para limitar derechos políticos. Esta situación plantea dudas sobre la seguridad jurídica, la legitimidad democrática y la compatibilidad entre la normativa interna y el derecho internacional de los derechos humanos”, afirma el exconcejal y analista político, el abogado Yesid Rozo.
