La medida se fundamenta en la presunta incompatibilidad que podría
permitir el uso del poder territorial para favorecer a un pariente y alterar la
competencia electoral.
El Congreso de la República dio su primer visto bueno al llamado proyecto de ley “anti-
clanes” políticos, que ya fue aprobado en primer debate en Comisión Primera del Senado y
se debatiría en segundo.
La propuesta establece que, si un esposo(a), compañero(a) permanente o familiar hasta
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil se inscribe como
candidato al Congreso o resulta elegido mientras el alcalde o gobernador sigue en el cargo,
el mandatario local deberá renunciar.
Según sus ponentes, el objetivo es proteger la independencia entre niveles de poder,
evitar conflictos de interés y reforzar los principios de moralidad administrativa,
transparencia y equilibrio institucional. “No se trata de limitar derechos políticos, sino de
garantizar que el poder público no se herede ni se use en beneficio propio”, afirmó el
senador Chacón.
Desde la parte política, hay lecturas encontradas. El analista Carlos Charry consideró
pertinente el proyecto y recordó que las relaciones familiares en candidaturas son una
práctica recurrente en el Capitolio, por lo que ve necesario cerrar ese boquete.
En contraste, el también analista Julio Leal estimó que la iniciativa tiene pocas
posibilidades por una eventual afectación de derechos, y sostuvo que la reforma debería
enfocarse en modificar la ley de partidos más que en añadir nuevas incompatibilidades.
Si supera los cuatro debates, la norma entraría a regir para los próximos ciclos electorales,
aunque su alcance y constitucionalidad, advierten expertos, podrían terminar siendo materia
de revisión en los altos tribunales.
El principal reto
“Durante décadas, clanes familiares han capturado el poder político en municipios,
departamentos y amplias regiones del país, a menudo en alianzas entre territorios.
El principal reto será el clima político en el Congreso, donde justamente se ha evidenciado
el “reciclaje” de apellidos y la rotación de curules dentro de las mismas casas políticas por
largos periodos.
Más allá de la aprobación de la norma, este debate es un llamado a fortalecer los controles
desde los propios partidos y movimientos, que son quienes otorgan los avales. Sea cual sea
el desenlace legislativo —y ojalá el proyecto prospere—, el primer filtro debe estar en las
colectividades: avales responsables, procesos de selección rigurosos y compromiso real
con la renovación democrática”. Carlos Charry. Dir. Doctorado y Maestría Estudios Sociales UniRosario.
“Sería inviable”
“A mi juicio, este proyecto de ley no tiene viabilidad: presenta varios problemas y, sobre
todo, desconoce que la participación política no puede negársele a nadie. Todos los
colombianos tienen derecho a participar en política. Más que insistir en esta iniciativa, lo
pertinente sería orientar el debate hacia una reforma del sistema de partidos.
Esa reforma debería abordar cómo se organizan los partidos, cómo se accede a ellos y
cómo se garantiza una participación interna más amplia. Hoy la concentración de poder no
está en los cargos, sino en la “puerta de entrada”: algunas colectividades bloquean el
ingreso de nuevos actores y terminan apropiándose del partido. Por eso, el proyecto está
mal enfocado; lo adecuado es impulsar cambios en el sistema de partidos”. Julio Leal, columnista.
El dato
“La iniciativa evita la concentración del poder en una familia y el uso del poder territorial
para favorecer campañas al Congreso”, afirmó el senador Carlos Alejandro Chacón,
ponente del proyecto de ley.
