A tres meses de la primera vuelta presidencial de 2026, Miguel Uribe Londoño aseguró que parte del dinero usado para planear y ejecutar el asesinato de su hijo, el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, “provino de Venezuela” y que el “vehículo” operativo en Colombia fue Segunda Marquetalia. Las declaraciones las entregó en una entrevista concedida a Semana, donde además sostuvo que, aunque la logística se estructuró en Colombia, habría existido complicidad del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, un punto que él mismo calificó como hipótesis personal y dijo no tener aún “comprobado”.
El caso se remonta al atentado del 7 de junio de 2025 en Bogotá, tras el cual la Fiscalía General de la Nación anunció el despliegue investigativo y una línea de trabajo enfocada en identificar a determinadores y articuladores del ataque. Desde entonces, el proceso judicial ha avanzado con capturas e imputaciones de presuntos participantes, incluidos señalados coordinadores de la operación y personas vinculadas a la entrega del arma, según han reportado medios y documentos oficiales.
En ese contexto, Uribe Londoño afirmó que las autoridades ya tendrían elementos que conectan a la Segunda Marquetalia con la cadena criminal del magnicidio, y agregó que el interrogante central es quién habría financiado y direccionado el plan. La tesis sobre el origen venezolano de los recursos ha circulado también en entrevistas previas del dirigente con medios radiales, donde matiza que eso no implicaría automáticamente que el autor intelectual esté en Venezuela, sino que parte del flujo de dinero habría llegado desde allí.
Por ahora, lo verificable en fuentes públicas es que la investigación ha mencionado a la Segunda Marquetalia en la reconstrucción del caso y que existen decisiones judiciales contra implicados —incluida una condena reciente a una mujer conocida como “alias Gabriela”, según reportes periodísticos basados en el expediente y audiencias—. En cambio, la afirmación específica de que el dinero “provino de Venezuela” y la insinuación de complicidad estatal venezolana aparecen, hasta el momento, como parte de las declaraciones del padre de la víctima y no como una atribución confirmada de manera independiente en comunicados oficiales consultados en esta revisión.
Mientras la campaña entra en fase decisiva, el pronunciamiento reaviva la dimensión geopolítica del caso y presiona a la Fiscalía a cerrar el círculo de determinadores. Uribe Londoño dijo confiar en el trabajo del ente investigador y aseguró que insistirá en llegar hasta los responsables finales del crimen.
