Desde hace cinco años, Colombia cuenta con un instrumento clave para el reconocimiento y la inclusión de las personas con discapacidad: el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este documento, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, no solo acredita la condición de discapacidad de una persona, sino que le permite acceder a una gama de beneficios y derechos sociales, educativos, laborales y de salud.
Camila Andrea Castellanos, coordinadora de programas de la Fundación Saldarriaga Concha, explicó la importancia del CUD. “El certificado de discapacidad es un mecanismo con el que cuenta la población con discapacidad, por un lado, como acción afirmativa para ser reconocidos ante el Estado, y por otro lado, como una herramienta que les permite acceder a programas y servicios sociales de cada entidad territorial”, afirma.
Este reconocimiento abre puertas. Entre los beneficios que otorga se encuentran la reducción o exención del copago en servicios de salud, tarifas preferenciales o gratuidad en el transporte público, prioridad en procesos de admisión educativa y puntajes adicionales en convocatorias laborales. Además, las empresas que contraten personas con discapacidad pueden recibir incentivos tributarios.
Hamilton Ramírez Vargas, miembro de la Red de Discapacidad de Risaralda, resalta: “Una persona con discapacidad y que está en una EPS no debe pagar copago. También se prioriza su acceso a subsidios de vivienda, educación y programas sociales, además de que los empresarios que contratan personas con discapacidad obtienen exenciones tributarias. Es decir, el certificado no solo beneficia a quien lo porta, sino que impulsa una red de inclusión en distintos frentes”.
Proceso de certificación
Obtener el certificado implica un proceso sencillo, requiere de voluntad, autoconocimiento y algo de orientación. “El trámite consiste en que la persona se acerque a su IPS o EPS y solicite información sobre los centros certificadores del territorio”, detalla Castellanos. “Posteriormente, debe entregar su historia clínica y otros documentos médicos que respalden su condición. Con esta información, un equipo multidisciplinario —compuesto por médicos, fisioterapeutas, psicólogos— realiza una valoración integral que concluye con la expedición del certificado, si se confirma la discapacidad”.
Desde la Secretaría de Salud de Pereira, Andrés Felipe Giraldo Herrera, líder del eje estratégico de enfermedades crónicas no transmisibles, explica que “una vez radicada la solicitud, en un plazo de cinco días hábiles se expide la orden de valoración. Si el equipo multidisciplinario confirma la discapacidad, se entrega el CUD, que además queda registrado en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD)”.
Este trámite es totalmente gratuito y el registro en el RLCPD permite al Estado planificar políticas públicas más ajustadas a las necesidades reales de esta población.
Barreras
Aunque el proceso está reglamentado y sus beneficios son evidentes, aún persisten barreras que dificultan el acceso al certificado. Una de las principales preocupaciones, según la Fundación Saldarriaga Concha, es la baja cobertura: a abril de 2025, solo 447.000 personas contaban con el certificado, mientras que las encuestas nacionales estiman que en el país hay más de 3.2 millones de personas con discapacidad.
“Esa brecha nos motivó a investigar qué estaba ocurriendo”, relata Castellanos. “Identificamos tres factores críticos: primero, la falta de formación en discapacidad de los médicos tratantes, que son actores habilitantes del proceso. Segundo, la alta rotación y escasez de equipos en los centros certificadores. Y tercero, el bajo nivel de autorreconocimiento entre las personas con discapacidad. Parece menor, pero es clave. Si no me reconozco como una persona con discapacidad, difícilmente iniciaré el trámite”.
En Risaralda
En el caso del departamento de Risaralda, el panorama refleja tanto avances como desafíos. “A la fecha, el 3 % del total nacional de certificados corresponde a personas en Risaralda, lo que equivale a 13.394 personas con el certificado”, informa Castellanos. “La invitación es a quienes consideren que podrían ser personas con discapacidad a acercarse a su IPS o EPS y preguntar por el trámite. Esto no solo permite que accedan a derechos, sino que también da insumos al departamento para diseñar una mejor oferta de servicios”.
¿Quiénes pueden acceder al certificado?
La discapacidad hoy se entiende como “la interacción entre las necesidades que tienen algunas personas y las disponibilidades que ofrece el entorno para resolver esas necesidades”, explica Castellanos. El país trabaja con siete categorías: discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, cognitiva, múltiple y sordoceguera.
“Reconocerse como persona con discapacidad significa habilitar apoyos y ajustes razonables en diferentes entornos: salud, educación, empleo, cultura, turismo”, afirma. “Por eso la invitación no solo es para Risaralda, sino para todo el país: si te reconoces en alguna de estas categorías y aún no cuentas con el certificado, acércate a tu IPS o EPS e inicia el trámite”.
