La Inspección de Policía y la Alcaldía de La Virginia deberán ejecutar este viernes 13 de junio el desalojo de Alba Lucía Cárdenas Valencia, una adulta mayor en condición de vulnerabilidad, de su vivienda en el barrio 7 de Enero. La orden proviene de un fallo judicial relacionado con una deuda civil. Aunque el procedimiento es legal, ha generado rechazo en la comunidad, al tratarse de una mujer que afirma haber vivido allí toda su vida. Ante las reacciones de la ciudadanía, el Diario del Otún visitó el municipio y recopiló todas las versiones de este caso para dar claridad.
Los hechos
Alba Lucía relató el difícil camino que llevó a esta situación. “Todo inició cuando mi hija tuvo un accidente en bicicleta, en medio de esa crisis, apareció José Roberto Torres Trujillo, quien se ofreció a ayudar con unas deudas por servicios públicos y embargos que tenía la vivienda. Me dijo que pagaba esos embargos, que cuando tuviéramos plata le pagábamos, sin intereses. Que iba a hacer unos arreglos y unos apartamentos en la casa y que nosotros los arrendáramos y así le pagábamos”, contó.
La historia se complica cuando su hija, ya muy enferma, habría firmado dos letras, antes de fallecer. “Tengo copias de todas las letras, si mucho le debemos 4 millones. Pero él dice que mi hija le vendió la casa en $25 millones. ¿Quién recibe plata en la UCI? Mi hija estaba moribunda”, dijo entre la confusión.
Alba Lucía sostiene que nunca firmó una venta del inmueble, y que la escritura siempre ha permanecido bajo su custodia. “Me pidió la escritura, pero yo no se la entregué. Luego traía más letras para pagar servicios y comprar comida”, añadió.
Además, denunció que desde entonces han hecho construcciones en su casa sin su consentimiento, que la desalojaron del segundo y tercer piso, donde ahora vive un trabajador del demandante. “Me tumbó las escaleras, me dejó con mis máquinas de coser y herramientas encerradas. Yo vivo abajo, quedé estrecha y ahora me dicen que me debo ir de acá porque la casa es de él”.
La señora Alba Lucía ha rechazado la solución ofrecida por las autoridades, trasladarse a un albergue para adultos mayores. “Vinieron de la comisaría, de la Alcaldía. Me dijeron que me fuera a un hogar de ancianos. Pero yo por qué voy a salir de mi casa. Yo no me voy, ni dejo mis animalitos. Tengo mi perra, mis gatos, mis pájaros. Yo no los abandono”, indicó.
Sobre cómo sobrevive día a día, afirmó que vive de la caridad y el reciclaje: “Gracias a Dios y a las buenas personas. Me llaman para darme almuerzo. Vivo de la recolección y de la bondad de Dios”.
La versión de la Inspección
Cristian Andrés Osorno, inspector de Policía encargado de La Virginia, explicó que este proceso es de cumplimiento obligatorio, pues no nace de la Alcaldía, ni de la Inspección. “Es un proceso judicial. El Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia nos comisionó en el 2023 para entregar el bien donde actualmente vive la señora Alba Lucía. Nosotros solo estamos dando cumplimiento a una orden judicial, como nos corresponde por ley”, precisó.
La diligencia de desalojo ha sido suspendida en varias ocasiones mientras se gestionaban alternativas de protección para la señora. “Se han hecho mesas de trabajo. La Secretaría de Desarrollo Social le consiguió un cupo en un hogar de ancianos. Inicialmente era en Pereira, pero por intervención de la Personería se consiguió uno en La Virginia, para que no pierda su red de apoyo”, explicó el funcionario.
Osorno también relató que Alba Lucía interpuso una tutela contra el fallo de desalojo, pero esta fue negada por el Juzgado del Circuito, que concluyó que no se le han vulnerado derechos fundamentales. “La señora tiene un lugar donde vivir, donde comer, recibir atención médica. No la estamos tirando a la calle”, enfatizó.
Por su parte, el alcalde de La Virginia, Juan Carlos Botero, se pronunció frente al polémico desalojo: “Queremos aclarar que esto no es un capricho de la administración, sino una orden del Juzgado Promiscuo Municipal que debemos acatar”, señaló.
Botero también aseguró que se han gestionado ayudas ante la Administración municipal. “Estamos trabajando para que la señora Alba acceda a un subsidio de vivienda en el proyecto La Milagrosa etapa tres y, mientras tanto, reciba un apoyo de arriendo”, explicó. Añadió que se solicitó una nueva prórroga del desalojo mientras se concreta una solución definitiva: “Estamos actuando con responsabilidad, respetando la ley, pero buscando proteger sus derechos”, concluyó.
