La toma del Palacio de Justicia no fue un hecho aislado, sino el desenlace de un país en conflicto consigo mismo.
En 1985, Colombia vivía uno de los momentos más turbulentos de su historia. El presidente Belisario Betancur Cuartas, quien había asumido en 1982, intentaba sostener un frágil proceso de paz con varios grupos insurgentes, entre ellos el M-19, la guerrilla urbana más fuerte del país en ese entonces.
El M-19 había surgido en 1970, tras el presunto fraude electoral que impidió el triunfo del general Gustavo Rojas Pinilla. Su nombre evocaba esa fecha —19 de abril— convertida en símbolo de inconformismo político. El grupo se autoproclamó nacionalista y popular, contrario al bipartidismo liberal-conservador que dominaba el poder.
A diferencia de las guerrillas rurales como las FARC o el ELN, el M-19 se movía en las ciudades y era conocido por sus acciones audaces: el robo de la espada de Bolívar (1974), el asalto al Cantón Norte (1979) y la toma de la Embajada Dominicana (1980), donde retuvo diplomáticos para exigir la liberación de presos políticos. “El M-19 estaba en un pacto de paz con el gobierno, pero eso se vino abajo. Ya había advertencias de una posible toma y el Ejército lo sabía, tenían un plan y lo guardaron”, recuerda Julia Navarrete Mosquera, periodista que cubrió los hechos. Según su testimonio, incluso el entonces presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, habría sido alertado del riesgo antes de morir durante la toma.
Tensiones entre la justicia y las fuerzas militares
En los meses previos a noviembre de 1985, el ambiente político era de alta confrontación. El proceso de paz se había roto, los choques entre el Ejército y el M-19 se intensificaban y las decisiones judiciales del Consejo de Estado y la Corte Suprema irritaban a las Fuerzas Armadas. “Para mí, la toma fue una retaliación de los militares contra la Corte Suprema y el Consejo de Estado, porque estaban bravos por las condenas que se habían emitido. Dejaron que se tomaran el Palacio, y eso siempre lo he sostenido”, aseguró Navarrete.
Días antes del ataque, las autoridades retiraron los detectores de metales y los controles de seguridad del edificio. “Eso no fue casualidad. Quitar la seguridad justo antes fue una decisión que nunca se ha explicado”, agrega.
Motivaciones de la toma y el contexto político
El M-19 argumentó que su propósito era forzar al presidente Betancur a comparecer ante la Corte Suprema para rendir cuentas por el fracaso del proceso de paz. En su discurso, pretendían “realizar un juicio político” al mandatario y “devolverle la voz al pueblo”.
Sin embargo, la acción, concebida como un acto político, derivó en una catástrofe. “Ellos querían darle una lección al Estado, pero eligieron el peor escenario posible: el corazón de la justicia”, afirma la periodista.
El Estado, dividido entre el poder civil y el militar, no supo o no quiso evitar la tragedia. “Ese día no solo se incendió un edificio, se quemaron los cimientos de la justicia colombiana”, concluye Navarrete. Lo que siguió fueron dos días de fuego, muerte y desapariciones que marcaron para siempre la memoria del país.
