El departamento registra en lo que va del año hasta 200 casos mensuales de tráfico, incluyendo guacamayas, serpientes y primates.
El tráfico de fauna y flora silvestre continúa siendo una de las amenazas más graves para los ecosistemas colombianos, y Risaralda, pese a sus esfuerzos de conservación, no es la excepción. Así lo aseguró Julio César Gómez Salazar, director general de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER). “Risaralda no presenta degradación en sus ecosistemas protegidos, pero sí somos un territorio con una actividad muy alta en materia de control y vigilancia del tráfico tanto de flora como de fauna”, explicó el director.
Risaralda, al estar estratégicamente ubicada entre el Chocó biogeográfico, la Amazonía y la Orinoquía, se convierte en un paso obligado para el transporte ilegal de especies. “Por la conectividad vial que tenemos, permanentemente nos toca tener una vigilancia muy estrecha en las vías y los carreteables nacionales que comunican con el sur del país”, detalló Gómez. “Somos receptores de fauna silvestre que provienen de otras latitudes. Decomisamos frecuentemente guacamayas, saínos, serpientes y primates en vía de extinción”, añadió.
Entre las especies más traficadas, están las guacamayas, aves orejiamarillas, marsupiales como las zarigüeyas y diversas serpientes, todas con un alto valor en el mercado negro de animales exóticos.
Operativos permanentes
La CARDER realiza controles en puntos clave del departamento, incluyendo áreas protegidas y aduanas, en conjunto con la Policía Nacional. Además, cuenta con el apoyo fundamental de vigías ambientales voluntarios. “Celebramos y seguimos estimulando el papel de nuestras vigías ambientales. Son aliados incondicionales en la preservación del medio ambiente”, expresó Gómez.
Educación y cultura ciudadana, claves de la estrategia
Julio Cesar también resaltó que el enfoque de la entidad va más allá de la represión y se centra fuertemente en la educación ambiental. “Nuestro plan de acción ‘Risaralda: un paraíso biodiverso en el corazón de Colombia’ ha permitido detonar mecanismos que van desde la información hasta la participación activa del ciudadano en la conservación”, explicó.
La CARDER ha implementado programas como la cátedra ambiental Primitivo Crespo , campañas educativas en redes sociales y actividades durante fechas clave como la Semana Santa, en las que se hace énfasis en especies amenazadas por prácticas tradicionales, como la palma de cera. “Hemos logrado que el ciudadano entienda que los recursos naturales son patrimonio de todos. Eso es restablecer el principio de gobernanza en el territorio”, afirmó.
200 casos mensuales
Según cifras en lo que va del año se han registrado hasta 40 casos semanales de tráfico de fauna, y entre 40 y 50 casos mensuales relacionados con flora. “Podríamos estar hablando de cerca de 160 casos mensuales de fauna, incluyendo entregas voluntarias, denuncias ciudadanas y hallazgos fortuitos”, indicó el funcionario. “Es una problemática muy alta, pero estamos articulando estrategias que ya muestran resultados”, aseguró.
Sanciones económicas elevadas
El tráfico de fauna y flora conlleva fuertes sanciones, aunque el director reconoce que la impunidad sigue siendo un desafío. “Las multas pueden llegar hasta los 130.000 salarios mínimos legales vigentes, lo cual las convierte en sanciones altamente confiscatorias”, advirtió. No obstante, insistió en que es indispensable un juicio responsable que evalúe el contexto de cada caso para aplicar las sanciones correspondientes.
El destino de los animales rescatados.
Cuando un animal es decomisado, comienza un riguroso proceso de recuperación para su eventual liberación. “El individuo entra en cuarentena, pasa por un triaje veterinario y un proceso de desimprontación, donde buscamos que recupere sus instintos naturales”, explicó Gómez. “Nuestro aliado estratégico para esto es la Asociación Protectora de Animales (APA)”, agregó.
Finalmente, el director de la CARDER invitó a la comunidad a actuar con responsabilidad ya ser aliados activos en la lucha contra estos delitos. “Todos los delitos que implican el uso, manipulación y contaminación de los recursos naturales son crímenes contra la tierra. Necesitamos del acompañamiento de todos los ciudadanos para frenar esta amenaza”, concluyó Julio César Gómez.
