En el marco del nuevo mandato legal establecido por la Ley 2346 de 2024, la Personería Municipal de Pereira solicitó a la administración local estudiar con carácter prioritario la creación de una Unidad Técnica Administrativa Carcelaria Especializada, con el fin de garantizar una atención integral y adecuada a las personas privadas de la libertad (PPL) en el municipio.
Dicha ley, que entrará en vigencia plena el 1 de julio de 2025, establece que las entidades territoriales serán responsables directas de la contratación de servicios de alimentación en los centros de detención transitoria. Además, impone el desarrollo de políticas carcelarias alineadas con los marcos normativos nacionales e internacionales.
Ante este panorama, el personero municipal, Leonardo Reales Chacón, propuso la conformación de dicha unidad como una medida fundamental para que Pereira asuma de manera efectiva esta nueva responsabilidad estatal.
“La creación de esta unidad especializada no solo facilitaría la ejecución de la política alimentaria, sino que permitiría ofrecer una atención más amplia en temas de salud, bienestar y derechos humanos para la población privada de la libertad”, señaló Reales Chacón.
La iniciativa se fundamenta en el parágrafo del artículo 3º de la Ley 2346, que sugiere a las entidades territoriales establecer instituciones propias para la gestión y atención de los centros carcelarios que estén bajo su jurisdicción. Esta disposición se articula también con la sentencia SU-122 de 2022 de la Corte Constitucional, la cual exige al Estado tomar medidas concretas para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas detenidas.
Reales Chacón también reconoció los esfuerzos adelantados por las autoridades locales, especialmente por las secretarías de Gobierno, que han asumido temporalmente funciones relacionadas con la atención a esta población. Sin embargo, destacó que el nuevo contexto legal exige una estructura administrativa con enfoque técnico y especializado.
“La Personería reconoce los esfuerzos realizados hasta ahora, pero la nueva ley exige una estructura especializada que brinde soluciones integrales y sostenibles”, agregó.
Finalmente, la Personería de Pereira reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de la libertad, y aseguró que mantendrá una labor de seguimiento y veeduría activa para que las autoridades locales cumplan de manera efectiva las obligaciones establecidas por la Ley 2346.
