La ausencia de acciones institucionales agrava una situación que ya afecta la convivencia, la seguridad y el acceso a derechos básicos como la educación.
En el corregimiento El Español de Santa Rosa de Cabal, específicamente en las veredas 15 Letras, Barsovia y La Graciela, la presencia de más de 130 familias indígenas que ocuparon predios privados ha generado una creciente preocupación en la comunidad. La situación, descrita como crítica por líderes locales, afecta principalmente a niños que hoy están sin escolarización y a una comunidad que comienza a sentir las consecuencias en su cotidianidad. “Tenemos niños menores que están sin escolarizar y se está presentando el fenómeno de mendicidad”, aseguró José Fernán Espinosa, líder del corregimiento.
La ocupación, realizada sin autorización ni respaldo de cabildo o resguardo reconocido, ha puesto en tensión a las comunidades locales que, hasta hace poco, vivían en armonía. Según Espinosa, la falta de soluciones por parte del Estado no solo genera incertidumbre, sino que puede escalar a conflictos.
Inseguridad en aumento
Otro de los puntos críticos mencionados por los habitantes es la seguridad, ya que se ha presentado un cambio radical en la percepción de tranquilidad en la zona. Profesores, tenderos y residentes han expresado que no se sienten seguros. “Los de las tiendas ya van a comenzar a poner rejas. La gente es muy sana, pero ya ha habido reportes”, explicó el líder comunal, quien hizo un llamado urgente a la Agencia Nacional de Tierras y a las autoridades locales para que intervengan.
Advertencia del Concejo Municipal
Steven García, concejal de Santa Rosa de Cabal, manifestó su profunda preocupación por la situación. Según él, la falta de acción oportuna por parte de la administración municipal permitió que la comunidad indígena se desplazara de un predio a otro, consolidando su presencia en la zona rural sin control institucional. “Esto se va a salir de las manos de la administración municipal”, advirtió el concejal. “El riesgo es latente, no solamente por la ocupación, sino por lo que puede venir después: bloqueos, cobros ilegales y la llegada de más comunidades sin registro ni trazabilidad”.
García explicó que esta comunidad argumenta un incumplimiento de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lo cual habría motivado la ocupación. Sin embargo, señala que se trata de un acto irregular que pone en riesgo la estabilidad social del municipio: “Ya hay temor de que lleguen más comunidades a ocupar predios y a alterar el orden público”.
Respuesta del alcalde
Ante los señalamientos que circulan en redes sobre presuntos casos de mendicidad, el alcalde de Santa Rosa de Cabal, Paulo Gómez, emitió un contundente pronunciamiento. “¡Con nuestros niños no se metan! Rechazamos con total firmeza y profunda indignación los rumores irresponsables que han circulado. No existe una sola denuncia formal ni informal ante Policía, Fiscalía, Personería o Alcaldía que sustente tales afirmaciones”.
Gómez aseguró que su administración está comprometida con la protección de la infancia y que, si llegara a presentarse alguna denuncia, se actuaría con total contundencia: “No toleramos ni toleraremos jamás ningún tipo de vulneración contra nuestros menores”.
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Tanto líderes comunales como autoridades locales coinciden en la necesidad de una acción articulada entre la Agencia Nacional de Tierras, el ICBF y la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal. La falta de organización de la comunidad indígena dificulta cualquier proceso de formalización o reubicación. “Pedimos que se les dé lo que ellos piden si es que lo merecen, pero sin que se afecte la convivencia de la comunidad, que ya está muy preocupada”, señaló Espinosa.
Por su parte, el concejal García fue enfático: “No podemos permitir que la inacción institucional permita la consolidación de nuevos focos de conflicto social. Santa Rosa necesita soluciones estructurales, no improvisaciones”.
El futuro de más de un centenar de familias indígenas y de cientos de habitantes del corregimiento depende de decisiones que aún no llegan. Mientras tanto, la inseguridad aumenta y la educación y salud de decenas de niños sigue sin garantizarse. La solución debe llegar pronto, antes de que la incertidumbre se convierta en conflicto.
