Faltan menos de 20 días para que los municipios y departamentos tengan que asumir los costos de la alimentación de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) que se encuentran en Centros de Detención Transitoria (CDT), y mucho se preguntan de dónde saldrá la plata.
La situación financiera del país en la actualidad es muy compleja, a diario se habla del déficit fiscal y en las regiones esta problemática es más aguda. A la falta de recursos en departamentos y municipios, se suma que cada vez son más las obligaciones que se les suman a las gobernaciones y alcaldías.
Es el caso de la alimentación de las personas privadas de la libertad en CDT, la cual hoy en día está en manos de la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), pero que a partir del 1 de julio de este año esa obligación recaerá en los entes territoriales.
Esto significa que en menos de 20 días, las gobernaciones y alcaldías tendrán que asumir los costos de esta alimentación, lo que deja muchas preguntas, la principal de ellas, de dónde saldrá la plata para esta obligación.
En el caso de Risaralda, sin incluir a Pereira, se tiene en promedio 120 personas privadas de la libertad en CDT, la mayoría de ellos en las estaciones de policía de los municipios, señalando que la capital del departamento cuenta con un CDT en la Unidad de Protección Permanente a la Vida (UPPV), donde hay una población aproximada de 200 individuos, además de los que hay en las estaciones de policía de la ciudad. Prácticamente son más de 350 personas las que hay en los CDT de todo el departamento.
Sin recursos
En entrevista con el Diario del Otún, el secretario de Gobierno departamental, Israel Londoño, aseguró que estiman que la alimentación mensual de cada persona privada de la libertad está por el orden de $1 millón.
Esto llevaría que en este año, desde el 1 de julio al 31 de diciembre, se deberían destinar alrededor de $1.000 millones para la alimentación de las PPL en los 13 municipios del departamento (no incluye Pereira). Pero en principio la Gobernación solo cuenta con $200 millones para esta obligación, y los municipios del departamento, la mayoría de ellos de sexta categoría, no contarían con recursos para la contrapartida que deberían poner para esta alimentación.
Al igual que en otras regiones en el país, en Risaralda se ha solicitado que se amplié la entrega de alimentos a los PPL en CDT por parte del USPEC, pero hasta el momento esta propuesta no ha tenido respuesta afirmativa por parte del Gobierno nacional.
Sentida preocupación
La obligación mencionada para los entes territoriales, genera muchas dudas en la ciudadanía, por ejemplo, si para pagar la alimentación de los PPL se tendrá que reducir los recursos de programas sociales, de obras de infraestructura.
También hay preocupación si al no tener recursos para cubrir esta obligación, las autoridades optarían en algunos casos y en delitos menores, no detener al presunto delincuente para no tener que darle la alimentación.
Las preocupaciones por esta obligación que recaerá en los entes territoriales se acrecentarán en los próximos días, y lo más apremiante es que no se ve una solución a corto plazo.
Pie de foto: Una de las problemáticas adicionales en lo que respecta a la alimentación de los PPL, es que los CDT no cuentan con rancho u espacio para preparar los alimentos, por lo que la comida debe ser preparada en otro sitio y posteriormente ser llevada a estos lugares.
