En nuestra columna anterior señalamos que los descuentos tributarios, hasta del 90% en intereses de mora y sanciones, para los contribuyentes morosos de impuestos municipales, que anunció el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, podrían ser un espejismo, si el Acuerdo del Concejo de Pereira, que los aprobó, fuera declarado invalido, como ha ocurrido con varios Acuerdos Municipales que en muchas ciudades del país han establecido beneficios similares y pusimos cómo ejemplos los acuerdos No. 14 del 2021 del Concejo de Pereira y el Acuerdo No. 027 de 2020, del Concejo de Dosquebradas, que fueron invalidados por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda.
En los dos casos los argumentos del Tribunal giraron en torno a que las amnistías o descuentos para los infractores de la obligación tributaria desvirtúan los principios esenciales del sistema impositivo, pues incentivan el incumplimiento al premiar al deudor moroso y desmotivar al contribuyente cumplido.
Y en el caso del Acuerdo No. 027 de 2020, de Dosquebradas, el Tribunal consideró que hubo desconocimiento de lineamientos trazados por la Corte Constitucional respecto a la prohibición de consagrar amnistías o saneamientos tributarios “sin los presupuestos necesarios para su creación, acarreando como consecuencia un desconocimiento de los principios de igualdad y equidad tributaria en que se funda el sistema tributario colombiano para cualquier tipo de obligación tributaria, (…)”
Durante la semana hemo recibido un buen numero de comunicaciones de lectores que tienen un fundamento común: sus deudas por impuesto predial les resultan impagables, al punto que temen perder sus viviendas si el municipio les persiguiera con procesos de cobro coactivo.
Al examinar los datos de la cartera del impuesto predial es claro su incremento en los años 2023 y 2024, años en los que ese impuesto se ha facturado con fundamento en el revaluó catastral, un proceso plagado de irregularidades, como que la Resolución que lo puso en vigencia, el 31 de diciembre de 2021, fue fundamentada en una norma expresamente derogada.
En ese momento, desde la Corporación VIGÍA Cívica, advertimos a la comunidad sobre las inconsistencias de la actualización predial citando ejemplos concretos con incrementos de hasta el 400% y publicamos una carta abierta al entonces alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya, señalándole inconsistencias del proceso de actualización e indicándole las consecuencias para el municipio si llegara a perder las demandas que varios ciudadanos habían anunciado, entre ellas la obligación de devolver las sumas cobradas, indexadas y con intereses.
Riesgo que sigue corriendo el municipio pues el plazo de cinco años para reclamar el cobro de lo no debido, en el caso de que esas demandas fueran falladas a favor de los contribuyentes, se extiende hasta el 2027.
