Felipe Baena, rector de Areandina sede Pereira
La ley 30 ha sido el marco regulador de la educación superior en Colombia desde el año 1992. Aunque ha contribuido al avance en cobertura y calidad, es evidente la necesidad de fortalecer y actualizar nuestro sistema educativo. Por tanto, la propuesta de reforma que será presentada por el gobierno representa una oportunidad crucial para mejorar y transformar la educación superior en nuestro país.
La educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo humano, social, económico y ambiental de nuestra nación. La propuesta de reforma debe entender la naturaleza mixta del sistema colombiano (instituciones oficiales y privadas), centrarse en fortalecer el financiamiento de la educación superior, actualizar el sistema de aseguramiento de la calidad y buscar los mecanismos necesarios para que la investigación y la extensión se alineen de manera efectiva con las necesidades específicas del país y cada una de las regiones.
En mi perspectiva, esta reforma debe también otorgar un énfasis particular en el fortalecimiento del bienestar estudiantil como vehículo para la formación integral. Es esencial brindar servicios que promuevan la salud mental, el bienestar emocional y el desarrollo personal.
Es imprescindible tener en cuenta las tendencias globales en el mercado laboral y en la sociedad en general. La digitalización y la automatización están transformando la forma en que trabajamos, lo que exige una educación adaptable y flexible. La educación para toda la vida, la mediación tecnológica y los nuevos modelos de evaluación son aspectos que deben integrarse para garantizar una formación relevante y de calidad.
La participación activa de la comunidad educativa es crucial en el proceso de reforma. Las asambleas estudiantiles, la comunidad académica y los rectores desempeñan un papel fundamental en la definición de un nuevo sistema educativo. Además, es importante escuchar la perspectiva de los empresarios y otros actores relevantes, ya que su experiencia y visión contribuirán a establecer mecanismos efectivos que cierren las brechas de pertinencia.
Para lograr una reforma efectiva, es necesario promover una amplia discusión en el ámbito académico antes de llevarla al legislativo. Esto garantizará una participación democrática y permitirá reflexiones profundas que nos conduzcan a un sistema educativo adaptado a los desafíos de nuestro país. La colaboración y el trabajo conjunto entre todos los actores involucrados en la educación superior son esenciales para alcanzar una reforma integral que beneficie a estudiantes, docentes, instituciones y a la sociedad en su conjunto.
En conclusión, la reforma de la ley 30 de educación superior en Colombia es una necesidad imperante para fortalecer y transformar nuestro sistema educativo. Debemos abordar el financiamiento, el aseguramiento de la calidad, la alineación con las necesidades del país y cada región, así como el fortalecimiento del bienestar estudiantil. La participación activa de la comunidad educativa y la consideración de las tendencias globales son elementos clave en este proceso. La educación es el cimiento de un futuro próspero y equitativo, y la reforma de la ley 30 nos brinda la oportunidad de lograrlo.
