Rodrigo Ocampo
Hace unos quince días el contratista de la glorieta de Galicia avanzó con su obra demarcando la vía con unas tres o cuatro rayas. Lo hizo en horas pico y sin aviso previo como ha sido costumbre en los dos años anteriores. Esta vez afortunadamente el trancón solo duró una hora, dos mil vehículos y dos mil horas perdidas. Si en cada uno viajan en promedio dos personas y solo ganaran el salario mínimo, serían cuatro mil horas que le representan a los ciudadanos cerca de cuarenta y cuatro millones de pesos, sin contar a los que pierden citas médicas o aviones. Son cuentas de servilleta pero indican claramente el costo social de la ineficiencia en las obras públicas. Cerritos aporta más del 50% de impuesto predial de la ciudad, pero si las autoridades no resuelven el problema de las vías, la seguridad y el alcantarillado esa zona privilegiada por la naturaleza perderá su valor y no habrá más contribuciones. No es un asunto de equidad, es un negocio donde hacer las cosas bien redunda en beneficio de todos. El miércoles pasado por iniciativa de Francisco Valencia hubo una reunión en Hacienda Castilla para hablar de ese asunto. Fue unánime la opinión sobre el tamaño de los perjuicios para los habitantes de la zona, acompañada por un vacío espantoso de repuestas por parte de los funcionarios que asistieron. Nadie en el Estado o en el municipio tiene planes para los problemas de Cerritos, de hecho, no hay una autoridad a cargo pues un tramo de la vía corresponde a la ciudad y otro a Invías o la Ani. Aquí nadie tiene ganas de hacer cumplir con los retiros obligatorios de 60 metros que ordena la ley 1228 y ayudarían enormemente al flujo vehicular y la seguridad. ¿De golpe los candidatos tienen algo que decir? ¿O, la personería tendrá espacio para cumplir con lo que le manda el artículo 178 de la ley 136 en cuanto defender los intereses de la sociedad y la eficiencia de la administración pública?
