Rodrigo Ocampo Ossa
Columnista
Decidir si la conducta de los ciudadanos es o no conforme con las reglas establecidas y tomar las medidas para encausarla es una función esencial para la supervivencia del Estado moderno. Sin esta ninguno es viable, hasta el punto de que las peores dictaduras deben conservar un remedo de aparato judicial, como el usado por el Khemer Rouge para ejecutar a millones de camboyanos o lo tiene actualmente el Estado Islámico. Idealmente la justicia debería estar a cargo de funcionarios probos, con formación especializada y sin sesgos ideológicos con lo cual se garantizan los principios de igualdad y seguridad que justifican la perdida relativa de la libertad individual a cambio del bien común. Pero no la inexistencia de errores, como lo prueban recientes exoneraciones de condenados que han pasado años encarcelados por falsas identidades o falsos testimonios.
Al fin y al cabo los jueces son humanos y no habiendo dioses dispuestos a impartir justicia en la tierra, tenemos que contar con cierto grado de incertidumbre. Lo que no es igual al activismo judicial, ese si intolerable, donde los jueces toman decisiones al servicio de una ideología. Porque esa forma de actuar destruye desde el fondo la confianza entre la ciudadanía y el sistema político dejando como única alternativa la violencia generalizada, una maravillosa condición para los revolucionarios que profundizando las contradicciones del sistema pavimentan el camino para la toma del poder, pero un enorme riesgo para democracia. Es la via que tomaron Cuba, Corea del Norte y Venezuela entre otros y ya sabemos los resultados. En Colombia hay visos muy claros de activismo judicial, especialmente en las altas Cortes que han utilizado su poder para perseguir enemigos políticos como Uribe, o validar asaltos a las instituciones como el acuerdo de paz. La próxima campaña presidencial debería considerar una corrección a fondo de esa situación.
