Por: Rodrigo Tabares Ruiz
La superintendente Cielo Rusinque destapó el año pasado las irregularidades detrás de una de las prácticas más polémicas del fútbol colombiano: el mal llamado “pacto de caballeros”, que consistía en un acuerdo entre clubes para intercambiar información confidencial de los jugadores y bloquear sus posibilidades de moverse libremente entre equipos.
Un pacto de caballeros es definido como un acuerdo informal entre dos o más partes, que no está respaldado por un contrato legal. Se basa en la palabra dada, el honor y la confianza mutua. Algunos dicen que es una forma de colaboración informal que puede ser beneficiosa para todas las partes. Otros, en cambio, argumentan que puede ser una manera de evitar la transparencia y la rendición de cuentas, lo que puede llevar a la corrupción y al abuso, como en el caso colombiano.
Según la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), varios clubes acordaron no contratar jugadores que, primero, terminaran unilateralmente sus contratos por falta de pago, aunque tuvieran una causa justificada. Segundo, finalizaron sus contratos sin justa causa, por fuera del plazo acordado. Tercero decidieron no renovar, y pretendieron negociar como agentes libres sin pagar indemnización a su antiguo club.
Estos pactos, que operan en la sombra, reducen el poder de negociación de los jugadores y carecen de transparencia, permitiendo que decisiones claves del mercado dependan más de acuerdos privados que de las reglas oficiales.
La sanción por parte de la SIC contra la Dimayor, los clubes de Primera División Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto y Envigado, y Atlético FC, de segunda, por 8 mil millones de pesos, no surge de la nada. En Colombia, distintos jugadores y sindicatos, como Acolfutpro, han denunciado durante años la existencia de un “pacto de caballeros”, un acuerdo no escrito entre directivos para vetar o frenar la contratación de futbolistas que salían “mal” de un club o que terminaban su contrato de manera anticipada.
Con estas medidas de la SIC, que esperamos se sigan aplicando, se busca no solo respetar las reglas del libre mercado, sino garantizar la dignidad de los jugadores, el ejercicio efectivo de sus derechos y la posibilidad de acceder a mejores salarios, progresar profesionalmente en equipos más competitivos y desplegar sus proyectos de carrera sin trabas ilegítimas. Asimismo, se espera que estas garantías mejoren la posibilidad de que los clubes puedan conformar equipos más competitivos, no solo en términos económicos o de mercado, sino desde la perspectiva de la disciplina deportiva y la calidad del espectáculo.
