Ramiro Tabares Idárraga
Columnista
La decisión de la jueza 41 de Conocimiento de Bogotá, de no precluir el proceso contra el expresidente Uribe, tiene connotaciones históricas para el país. Es la primera vez en 200 años de vida republicana que un exmandatario es llamado a juicio. Por el contrario, la historia larga del país tiene como característica la impunidad para aquellos que ejercieron la presidencia, por más delitos y vejámenes que hayan cometido. Solo López Pumarejo y Rojas Pinilla tuvieron conatos de juicio, pero no paso a mayores.
La decisión de la juez, basada en derecho, y ante el arsenal de pruebas, determina que no hay lugar a la preclusión, y por el contrario se abre la puerta al juicio por fraude procesal y soborno a testigos; delitos ya probados e imputados al procesado. Se trata de un largo litigio, donde los abogados de la defensa han recurrido a todo tipo de maniobras para desvirtuar lo evidente; y como en vez de defender a su cliente estos mismos abogados la emprendieron contra el denunciante. Llama la atención la actitud de la notable jurista, por las acciones de la fiscalía que, en vez de estar al lado de la verdad y la justicia, asume la defensa del procesado y pide precluir el caso.
Empezando por USA, la mayoría de los países de América Latina, desde sus constituciones se han dedicado a entregar fueros e inmunidades a sus exmandatarios. Mal ejemplo para las nuevas generaciones porque se esta admitiendo que el delito si paga y tiene inmunidad. Los militares en la Argentina hicieron de todo y en un documento privado se dieron impunidad. Pinochet, no entrego el poder hasta no tener la credencial de senador. En ambos casos le toco a la justicia internacional y la CPI, actuar, hacer juicios, condenar y atacar fortunas mal habidas.
Para este nuevo país que transita hacia la reconciliación y la paz total, es vital la interdependencia de los poderes públicos. Es la oportunidad de oro para los jueces mostrar que la justicia prevalece sin importar el rango del imputado.
