En esta época preelectoral, los ciudadanos deberían tener claro que buena parte del costo de la profusión de publicidad política que los abruma, sale de sus propios bolsillos, a través del mecanismo de reposición de votos, una fórmula que resulta irritante para muchos colombianos, pero que, paradójicamente, es la menos dañina frente a las alternativas que ha producido el sistema de financiación mixta de campañas.
Sistema que ha dejado de operar como una garantía democrática y se ha convertido, cada vez más, en la antesala de una relación malsana entre aportantes privados y contratación estatal. Una relación con evidentes riesgos de corrupción y captura del poder público.
Una investigación publicada en 2024 por la Misión de Observación Electoral (MOE) cruzó las bases de datos de financiación de campañas con las de contratación pública. El resultado es inquietante: 485 personas naturales y jurídicas que financiaron campañas políticas recibieron posteriormente contratos públicos por cerca de 169 mil millones de pesos, 39 veces el valor de los aportes realizados. Aunque esta situación no constituye un delito, sí revela —en palabras de la MOE— “patrones estructurales de riesgo de captura del Estado”.
El mismo informe señala que el 65 % de esos contratos se adjudicó sin competencia, mediante contratación directa, selección abreviada o regímenes especiales. Modalidades que, aunque legales, reducen la publicidad, limitan el control ciudadano y eliminan la posibilidad real de comparar ofertas.
Un análisis de Transparencia por Colombia, también de 2024, confirma que este fenómeno no es excepcional. Al estudiar a los financiadores de las elecciones territoriales de 2019, encontró que uno de cada cuatro contrató con el Estado después de las elecciones. Fueron 33.600 contratos, en su mayoría por modalidades no competitivas, por un valor superior a 5,3 billones de pesos.
Aunque las normas de contratación consagran principios de transparencia, selección objetiva y planeación, se ha normalizado un uso extensivo de las excepciones que omiten los concursos, especialmente en territorios con mayor debilidad institucional.
Como advierte la MOE, la relación entre financiación política y contratación pública “no es anecdótica, sino estructural”. A ello se suma la fragmentación del control: el Consejo Nacional Electoral vigila las formas en la financiación de campañas y lo hace de manera tardía, mientras que la contratación pública es supervisada por múltiples órganos con competencias dispersas. Pero, nadie vigila el circuito completo: quién financió, quién ganó, quién decidió y quién terminó contratando.
En consecuencia, si de verdad se quiere fortalecer la transparencia del Estado y el vigor de nuestra frágil democracia, los congresistas honestos deberían comprometerse a tramitar leyes que establezcan impedimentos claros para que los financiadores de campañas se conviertan en contratistas del Estado. Y los ciudadanos, por su parte, deberían cultivar una saludable desconfianza frente a campañas desbordadas de publicidad, imágenes omnipresentes y concentraciones ostentosas, que pueden ser el reflejo de una capacidad económica con vocación de contratista. Solo así podremos empezar a erradicar el juego perverso del “yo te financio, tú me contratas”.
