Fabio Castaño Molina
Columnista
La nada honrosa cifra de 114 asesinatos de mujeres por razón de su género en el período comprendido entre el 1 de enero y el 14 de mayo del presente año, dejan muy mal parada a Colombia en el concierto internacional y más aún cuando campea la impunidad a favor de la mayoría de los autores de estos casos, o peor aún, cuando nuestro débil sistema de justicia se vuelve cómplice de tan horripilante práctica por las penas tan blandas a quienes los cometen o sencillamente por no brindar las garantías de seguridad a muchas de las victimas que pusieron en alerta a las autoridades sobre las amenazas de muerte de las que fueron objeto. La cifra mencionada la suministra la Fundación Feminicidios Colombia encargada de investigar y documentar judicialmente este tipo de hechos, además de ofrecer acompañamiento jurídico a las víctimas. Según esta estadística en nuestro país se produce un feminicidio cada 28 horas, la mayoría de ellos con características similares en su modus operandi, un victimario que es reiterativo en sus amenazas, normalmente pareja o expareja, una mujer víctima que alerta sobre el grave riesgo que corre y de las agresiones que ya ha sufrido, y una justicia que hace oídos sordos a esas denuncias al no actuar, o si lo hace, procede cuando es demasiado tarde. No sobra recordar que el feminicidio fue tipificado en Colombia como delito autónomo mediante la Ley 1761, conocida como la Ley “Rosa Elvira Cely”. Según el Código Penal, es el asesinato de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género que da entre 20 a 40 años de cárcel, con agravantes cuando se trata de menores de edad. Es bien claro, eso sí, que la prevención de este delito atroz no solo es responsabilidad de las instituciones judiciales, sino también de empresas, organismos y la sociedad en general, que muchas vecen pasan por alto acciones y comportamientos que se constituyen en violencias simbólicas y que después pueden convertirse en agresiones que fácilmente pueden terminar en feminicidios, como los que en los últimos días han aterrorizado a ciudades como Bogotá y a otras poblaciones del país. Pereira y Risaralda no han estado ajenos a ser permeados por este flagelo con no pocos casos de este tipo en lo que va del año y una cifra nada halagadora de casos de maltrato contra nuestras mujeres según las denuncias recepcionadas por organismos como el ICBF, las personerías municipales y la Defensoría del Pueblo. Destacamos eso sí, los esfuerzos que ejecuta el gobierno pereirano y el departamento con la puesta en funcionamiento de los denominados “Puntos Violeta” y “Líneas Violeta” como estrategia para garantizar una vida libre de violencias para las mujeres y niñas de la zona.
