Por Humberto Gutiérrez Castañeda
En Colombia, la categorización de los municipios está definida por la Ley 617 de 2000. Esta clasificación depende de tres factores esenciales: la población, los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) y la situación geográfica.
Los municipios de menor desarrollo se agrupan en las categorías quinta y sexta. En la quinta se ubican aquellos con población entre 10.001 y 20.000 habitantes, y en la sexta, los que no superan los 10.000 habitantes.
Según la Contaduría General de la República, La Virginia cuenta con una población certificada por el DANE de 28.488 habitantes y con ICLD por $8.357 millones, de los cuales $4.709 millones (56%) se destinan al funcionamiento de la administración municipal. A simple vista, el municipio debería estar en la cuarta categoría, pues su número de habitantes está dentro del rango establecido —entre 20.001 y 30.000—. Sin embargo, no es así.
La razón está en los ingresos per cápita y la densidad empresarial. El cálculo de los ICLD depende del comportamiento de los tributos locales (predial, ICA, sobretasa a la gasolina, tasas, licencias, multas, entre otros) y del número de empresas activas en relación con la población. Si la base económica es estrecha, el municipio no logra ascender de categoría, por más que crezca su población.
Por eso, mejorar la clasificación de La Virginia no depende solo de la demografía, sino de dinamizar su economía, y uno de los motores más potentes para lograrlo es el sector de la construcción. Este rubro tiene un efecto multiplicador sobre otros: moviliza materiales, genera empleo, impulsa la demanda de servicios, transporte, comercio, alimentación y hospedaje.
Durante la pandemia, la construcción fue el sector que sostuvo buena parte del empleo formal y la inversión privada en Colombia. La Virginia debe avanzar en programas de vivienda VIS y No VIS, debe consolidar la Plataforma Logística del Eje Cafetero (PLEC), debe incentivar y reactivar créditos hipotecarios. La Virginia tiene una oportunidad concreta de apalancar su economía local mediante una Política Urbana más activa y planificada.
Los instrumentos de financiación y gestión del suelo que promueve el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), a través de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT y EOT), ofrecen hoy herramientas para integrar suelo, inversión y sostenibilidad. Pero su eficacia depende de la gestión municipal: atraer proyectos de construcción no es solo una tarea del mercado, sino una decisión política.
Dinamizar el sector constructor en La Virginia no es una meta aislada. Es la vía para ampliar la base fiscal, generar empleo local y, sobre todo, acercar al municipio a una nueva categoría administrativa, más acorde con su tamaño, ubicación estratégica y potencial regional.
