Con la expedición de la ley 2469 de 2025, el país da un paso vital e importante en la ruta de asumir la defensa y protección de los humedales. Como parte de un ecosistema, ellos cumplen un rol fundamental en cuanto a la protección de los bosques nativos, parques naturales y espejos de agua en el territorio nacional.
Esta ley se articula al Plan Nacional de Desarrollo PND, donde hay líneas gruesas en el sentido de proteger la naturaleza, detener la deforestación y frenar el urbanismo desmedido y descarado de los grandes constructores. Estas mafias empresariales se han enriquecido acabando con la naturaleza. Con la complicidad de Concejos Municipales, alcaldes y Corporaciones Autónomas, han cambiado el uso del suelo para favorecer sus negocios. Ciudades como Bogotá han padecido este flagelo por décadas. Alcaldes irresponsables como Peñalosa, se dedicaron a aprobar proyectos urbanísticos poniendo en riesgo el ecosistema y las consecuencias están ahí. Inundaciones y movimientos en masas, dificultando la vida de las personas. Lo mismo pasa en todo el país con las Corporaciones Autónomas, donde los políticos han desplazado a los técnicos y expertos, con grave riesgo para el ecosistema.
Esta ley traslada a los alcaldes la responsabilidad de levantar inventarios sobre los humedales, procurando su protección, conservación y restauración. Desde las Alcaldías y Concejos Municipales, se dictan normas que favorecen el volteo de tierras para permitir obras urbanísticas y desarrollo de la agricultura industrializada. De igual manera se favorecen otras actividades económicas, representando un peligro para los humedales. Los alcaldes deben asumir la defensa de los mismos y no ser botín de los financiadores de campañas. Hay si gremios poderosos como CAMACOL, ANDI y la cámara Colombiana de la Construcción si guardan silencio cómplice. La protección de los ecosistemas es una responsabilidad de todos los ciudadanos y esta ley favorece los procesos de participación a través de comités de vecinos.
En buena hora el gobierno nacional, viabilizo esta ley que tuvo origen en Risaralda por la denuncia de una veeduría ciudadana, a quien sí le dolió la destrucción de varios humedales con el sofisma de un progreso mezquino y mediático. El crecimiento y desarrollo económico no puede estar por encima de las condiciones de vida digna de sus habitantes.
