Rodrigo Tabares Ruiz
Con 116 votos a favor y ninguno en contra, y luego de una lucha de varias décadas del movimiento estudiantil, fue aprobado por la Cámara la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que modifica la “fórmula” que se emplea para determinar el monto que año a año les debe destinar el Estado a las universidades públicas del país. Esta fue una de las peticiones del paro estudiantil de 2018 y el tema principal de varios proyectos de ley que se han “hundido” en el Congreso.
Otro de los cambios importantes es la inclusión de las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias – ITTU, a las que el gobierno asignará recursos equivalentes al 0.05 % del PIB del año anterior para constituir una base presupuestal permanente para todas las ITTU públicas.
La Ley 30 determinó que las transferencias a las universidades serían ajustadas anualmente según el IPC. La congresista Jennifer Pedraza dijo que desde 1992 las universidades públicas incrementaron sus costos operativos, pero los recursos no crecieron a la par, situación que generó un déficit histórico que hoy se estima en 17 billones de pesos.
Según el proyecto de ley, cada año los aportes del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales deberán aumentar como mínimo en un monto equivalente al Índice de Costos de la Educación Superior (Ices). Sin embargo, en los casos en los que el Ices sea inferior a la variación del IPC, el incremento de los aportes se ajustará a este último indicador. De esta forma, se realizará una asignación más justa y acorde con la realidad del sistema, lo que actuaría como un salvavidas para aquellas universidades que se encuentran en crisis por desfinanciamiento.
En los últimos tres años el presupuesto para las instituciones de educación superior públicas pasó de 5,5 billones de pesos a cerca de 12 billones en 2025. En 2026, calcula el MEN, el presupuesto superará los 13 billones de pesos y con la entrada en vigencia de la reforma, en 2027 el sistema recibirá cerca de un billón de pesos adicionales, “destinados a ampliar la cobertura, mejorar la calidad, fortalecer la investigación, cerrar brechas y avanzar en la regionalización de la educación superior”.
Varios expertos y organismo internacionales han señalado que una de las grandes opciones para lograr la movilidad social que tienen los hijos de familias que viven en la pobreza es obtener su título profesional. Así, podrá mejorar sus condiciones de vida, comparado con su generación inmediatamente anterior
