El pasado 9 de diciembre se cumplió el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha instaurada por las Naciones Unidas para crear conciencia sobre una de las principales amenazas al desarrollo democrático. Este año, la ONU fue enfática en señalar que la lucha contra la corrupción no es una tarea exclusiva de las autoridades, sino un compromiso colectivo de la sociedad, destacando de manera especial el papel transformador de la juventud. Su liderazgo, participación cívica y capacidad para movilizar redes comunitarias y digitales son fundamentales para fortalecer la transparencia y exigir mejores prácticas públicas.
En palabras del Secretario General de la ONU, “nuestro mundo se enfrenta a múltiples desafíos, tragedias, desigualdades e injusticias, y muchas de ellas están vinculadas a la corrupción”. Con cerca de 1.900 millones de jóvenes en el mundo, esta lucha es decisiva para el futuro de casi una cuarta parte de la población global.
En Colombia, hoy, los grandes escándalos de corrupción concentran la atención pública: las presuntas infiltraciones ilegales en instituciones estratégicas del Estado, la violación de topes en la campaña presidencial, las acusaciones de mal manejo de recursos en la UNGRD, el juicio contra el actual ministro de Trabajo; sin embargo, mientras la opinión se sacude por estos hechos, otras manifestaciones de corrupción, menos visibles, pero igualmente dañinas, pasan casi inadvertidas.
Este año, la Fiscalía investiga la supuesta ocultación de más de $5 billones en deudas de la Nueva EPS, lo que está generando el colapso financiero de hospitales y clínicas de todo el país. En el Eje Cafetero, la Contraloría General de la República CGR abrió 179 procesos por presuntos daños fiscales en el manejo de recursos de regalías, por más de $169.000 millones que reflejan cómo la corrupción afecta directamente el desarrollo regional.
En Pereira y Risaralda, las investigaciones recientes han generado no solo indignación, sino una profunda sensación de frustración ciudadana: la pérdida de $19.000 millones en la Avenida de los Colibríes; las irregularidades en el contrato de las Fiestas del Progreso de Dosquebradas en 2022; y los $1.359 millones invertidos en el fallido proyecto de vivienda en Pueblo Rico. A ello se suman solicitudes de investigación por hechos que despiertan serias dudas, como la campaña al Senado de la esposa del alcalde de Pereira, la cuestionada concesión del alumbrado público y la millonaria inversión en alumbrado navideño, financiada en buena parte con recursos municipales recaudados antes de la concesión.
En este contexto, la respuesta de la juventud es urgente. La región necesita instituciones más transparentes y organismos de control más eficaces, pero también jóvenes comprometidos con la vigilancia ciudadana, la ética pública y la defensa del interés general. Apropiarse de estos valores no solo es un acto cívico: es una forma de proteger su propio futuro.
texto escrito con asistencia de IA
